La exdirectora del Instituto de las Mujeres Isabel García y su esposa, Elisabeth García, han negado este miércoles ante un juzgado de Mislata (Valencia) cualquier irregularidad en los contratos obtenidos en diversos municipios gobernados por el PSOE para gestionar los Puntos Violeta y otros proyectos entre 2022 y 2024.
Según fuentes del sindicato Manos Limpias, personado como denunciante, ambas han declarado como investigadas ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mislata, plaza número 4, y han defendido que no han cometido delito alguno en estos encargos vinculados a la lucha contra la violencia machista.
Las mismas fuentes han señalado que Isabel García y su pareja han insistido en que actuaron siempre dentro de la legalidad y que, en sus palabras, ‘todo lo hicieron legalmente’. Además, han cuestionado de forma expresa el informe elaborado por la Guardia Civil sobre este caso.
Investigación por prevaricación, tráfico de influencias y falsedad
El juez ha acordado incoar diligencias previas a raíz de la denuncia de Manos Limpias y ha ordenado una investigación a la Guardia Civil. La causa se dirige contra ambas por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público relacionados con la contratación de servicios vinculados a los Puntos Violeta.
Durante su declaración de este miércoles, y siempre según el relato de las mismas fuentes, la exdirectora del Instituto de las Mujeres y su esposa, exasesora del PSOE en el Senado, han reiterado que no ha existido ninguna infracción. Asimismo, han afirmado que el informe de la Guardia Civil ‘está lleno de irregularidades e imprecisiones’, una acusación que enmarcan en su defensa frente a la denuncia.
La querella de Manos Limpias, presentada en agosto de 2024, se refiere a presuntos delitos de corrupción en la adjudicación de contratos para gestionar los llamados Puntos Violeta y otros programas vinculados a la igualdad. Estos espacios se han orientado en distintos municipios a la atención y acompañamiento de víctimas de violencia machista en actos públicos y recintos festivos.
Según el sindicato denunciante, ambas políticas socialistas habrían obtenido más de 60 contratos públicos relacionados con estos servicios, que les habrían reportado más de 250.000 euros. Los supuestos hechos bajo investigación se sitúan en diferentes ayuntamientos entre 2022 y 2024.
Cese de Isabel García y polémica por sus declaraciones
En julio de 2024, el Gobierno cesó a Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres pocos días después de que trascendieran públicamente estas contrataciones. Entonces, García negó haber utilizado su puesto institucional para enriquecerse y sostuvo que no existía conflicto de intereses entre su cargo y la actividad de sus empresas.
La exresponsable del organismo público explicó que, tras ser nombrada directora, redujo su participación en dichas empresas hasta un 8 %. Según defendió en ese momento, ese porcentaje evitaba la incompatibilidad y, además, afirmó que nunca había realizado gestiones ni recomendaciones para favorecer la concesión de ningún contrato concreto a esas sociedades.
Tras su destitución, Isabel García denunció una ‘cacería’ dirigida contra ella. También vinculó su cese a sus críticas a la ley trans, que había expresado de forma reiterada en redes sociales.
En esos mensajes, García llegó a negar la existencia de las mujeres trans y empleó expresiones como ‘dictadura queer’ o ‘delirio trans’. Estas palabras provocaron un fuerte rechazo por parte de partidos como Sumar y Podemos, así como de organizaciones LGTBI, que exigieron públicamente su salida del cargo.
La investigación judicial continúa ahora en el juzgado de Mislata, que deberá determinar si existen indicios suficientes de delito en la adjudicación de los contratos de Puntos Violeta y en el papel que pudieron desempeñar Isabel García y su esposa en estos encargos municipales.





