El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado para el jueves 27 de noviembre a José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García a una vista en la que decidirá si mantiene o modifica sus medidas cautelares en el caso Koldo. Esto se realiza a petición de la Fiscalía y de las acusaciones populares, que han anunciado que pedirán su ingreso en prisión.
Se ha señalado una comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que ambos deberán acudir personalmente. Deben estar asistidos por sus defensas. Este trámite sirve para valorar, con los escritos de acusación ya presentados y el procedimiento avanzado, si persiste el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva, y si las medidas actuales siguen siendo suficientes a las puertas del juicio oral.
En la actualidad, Ábalos y Koldo están en libertad con obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte. En junio ya tuvo lugar una vistilla en la que el juez, alineado entonces con la posición de la Fiscalía y frente a las acusaciones populares, decidió mantener esas cautelares. No obstante, advirtió que lo hacía ‘por el momento’. Esto se debe a que podría aumentar el riesgo de fuga conforme avanza el procedimiento. Ahora, con ambos ya procesados, Anticorrupción solicita revisar las medidas.
Penas solicitadas y delitos imputados
En su escrito de acusación por los contratos de compra de mascarillas en plena pandemia, la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. La acusación popular unificada, coordinada por el PP, solicita 30 años para cada uno. El Ministerio Público les atribuye seis delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y malversación.
Respecto a Víctor de Aldama, que salió de prisión preventiva por otra causa tras comprometerse a colaborar en este procedimiento, la Fiscalía y las siete acusaciones populares lideradas por el PP piden 7 años de cárcel. Para él se mantienen medidas menos gravosas y no se solicita su revisión. La acusación fiscal sostiene un ‘preciso reparto de funciones‘ entre los tres investigados. Según ellos, aprovecharon ‘la oportunidad de obtener un común beneficio económico‘ vinculado al cargo de Ábalos.
Multas
Además de las penas de prisión, Anticorrupción reclama multas superiores a 3,9 millones de euros para Ábalos y Koldo García y de más de 3,8 millones para Aldama. Para los dos primeros también solicita indemnizar a las empresas públicas Ineco y Tragsaset con 34.477 y 9.500 euros, respectivamente, por la contratación fraudulenta de la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez. Además, se pide el decomiso de al menos 430.298 euros por las ganancias del presunto cohecho.
Las acusaciones populares elevan el número de delitos atribuidos: consideran a Ábalos y a su exasesor autores de casi una docena de ilícitos. Estos incluyen organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento oficial, malversación e inducción a la prevaricación. A Aldama le imputan cinco delitos por autoría y tráfico de influencias por inducción, excluyéndole de la malversación. La vista del día 27 decidirá si Ábalos y Koldo continúan en libertad con las cautelares actuales. De no ser así, pasarían a prisión provisional mientras se acerca el juicio oral.
