La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha emitido tres resoluciones en el marco de las diligencias previas 692/2024. Estas investigan los fallecimientos ocurridos durante la DANA del 29 de octubre de 2024 en varios municipios valencianos.
Las decisiones judiciales, notificadas el 10 de noviembre, delimitan las nuevas diligencias de prueba. Además, rechazan ampliar la causa hacia la Presidencia de la Generalitat o la Conselleria de Agricultura.
Sin declaración del conseller ni requerimiento al president
En uno de los autos, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra descarta citar al conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca como testigo. Considera que su testimonio no resulta necesario en este momento procesal. Esto se debe a que no consta su presencia ni física ni telemática en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) durante la emergencia.
El mismo auto sí acuerda solicitar a la Conselleria de Agricultura el informe de revisión de la presa de Buseo, elaborado en mayo de 2024. También se pide identificar a los operarios que se encontraban en la instalación el día del temporal.
La jueza entiende que estos datos son relevantes para esclarecer la mecánica del desbordamiento que afectó a Sot de Chera y Pedralba. En estas localidades murieron varias personas, entre ellas un menor.
El juzgado limita la investigación sobre Presidencia
En otro auto, también fechado el 10 de noviembre, el tribunal rechaza requerir a Presidencia de la Generalitat los documentos firmados por el president el 29 de octubre de 2024. En esa fecha, el president se encontraba comiendo con una periodista.
La resolución subraya que esos documentos “no son determinantes” para la toma de decisiones en el ámbito del CECOPI. Además, la Audiencia Provincial ya había fijado los límites de las pruebas admisibles.
El juzgado, sin embargo, sí acepta requerir información sobre los sistemas de alerta informativa contratados por la Generalitat con las empresas Auditmedia y Hallon Intelligence. Específicamente, se solicitan los mensajes recibidos los días 28 y 29 de octubre de 2024 por la Conselleria de Justicia e Interior a través de mensajería o correo electrónico.
La finalidad es determinar si esas alertas pudieron influir en la gestión de la emergencia.
Subsanación procesal y nuevas notificaciones
Una tercera resolución, dictada también por el tribunal de Catarroja, corrige un error en una diligencia anterior. Además, dispone la notificación de la declaración testifical de Maribel Vilaplana, tomada el 3 de noviembre.
Además, incorpora a la causa nuevos informes de la empresa Servicios de Teleasistencia S.A., en respuesta a un oficio previo.
Estas actuaciones forman parte del proceso que mantiene como investigados a Salomé Pradas. y Emilio Argüeso, en una causa abierta por homicidio por imprudencia. La instrucción continúa centrada en esclarecer las decisiones adoptadas durante la DANA. También busca determinar posibles responsabilidades por la falta de aviso a los vecinos de las zonas más afectadas.
