La jueza de Catarroja ha acordado este lunes prorrogar seis meses más la instrucción penal sobre la DANA de 2024, a contar desde el 30 de abril. La decisión llega en una causa de gran complejidad y extrema gravedad por el alcance de las inundaciones, que dejaron 230 fallecidos en la provincia de Valencia, y porque todavía quedan diligencias esenciales por practicar.
En un auto dirigido a las partes, la magistrada ha explicado que aún debe oírse a perjudicados, testigos y peritos ya acordados, además de recibirse informes y oficios solicitados. También ha recordado que sigue pendiente la recuperación de los mensajes de WhatsApp y Telegram de José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del entonces president Carlos Mazón, correspondientes al día de la DANA. La resolución subraya que ‘ no es descartable que una eventual aportación ‘ de esos mensajes, que llegará después de vencer el plazo actual, ‘ pueda fundar la necesaria práctica de algún tipo de prueba relacionada con los mismos’.
Diligencias y complejidad de la causa
La instructora ha razonado que la finalización de la investigación no es factible en el tiempo que resta hasta el 30 de abril, tras una primera prórroga ya concedida. Para evitar cerrar en falso y garantizar la tutela judicial efectiva, ha calificado la ampliación como ‘ una medida absolutamente inevitable ‘.
En causas de esta envergadura, la acumulación de declaraciones, la espera de peritajes y la incorporación de documentación suelen exigir nuevos plazos para preservar el derecho de defensa y la validez de las pruebas.
El procedimiento se abrió el 30 de octubre de 2024, al día siguiente de la tragedia, inicialmente por los fallecimientos ocurridos en su partido judicial. Desde finales de enero de 2025 pasó a centralizar todas las diligencias y, desde marzo, el juzgado se ha dedicado en exclusiva a esta investigación sobre la gestión de la DANA. Esta concentración busca coherencia en la instrucción y evita duplicidades o resoluciones contradictorias mientras se ordena un volumen inusual de actuaciones.
Testimonios masivos y frentes abiertos
Ante la jueza ya han declarado más de medio millar de testigos: familiares de víctimas, peritos, responsables políticos, personal de Emergencias y ex altos cargos de Presidencia de la Generalitat. También han comparecido como imputados la exconsellera de Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.
Pese a ese avance, la agenda instructora sigue cargada: están pendientes de fecha unas setenta personas cuya testifical ha sido acordada, entre ellas todos los alcaldes y alcaldesas de las zonas afectadas, además de nuevos familiares y peritos.
Este volumen retrasa el cierre de la fase de instrucción y obliga a reordenar calendarios para no dejar diligencias esenciales fuera del proceso.
La investigación será larga
Fuentes personadas en la causa han considerado que la investigación será larga y que probablemente harán falta más prórrogas. Han señalado, además, que el rechazo del Tribunal Superior de Justicia valenciano a investigar a Mazón apunta a que la causa podría llegar a juicio en la Audiencia Provincial de Valencia.
En cuanto al futuro judicial del expresident, han apuntado que, salvo que aparezca alguna sorpresa —por ejemplo, que Pradas conserve un mensaje en el que conste que él dio instrucciones sobre el envío del Es-Alert o que desde Estados Unidos se recuperen los mensajes que cruzó con su jefe de gabinete—, resultará complicado imputarle.
También han recordado que, de no repetir Mazón en las listas del PP en las autonómicas de mayo de 2027, dejaría de estar aforado y la jueza de Catarroja podría imputarle, si bien tras el último auto del TSJCV serían necesarios ‘indicios fundados y serios‘ y suficiente ‘apoyo probatorio‘ sobre su actuación ese día.
