La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la DANA ha preguntado a la Abogacía de la Generalitat si algún alto cargo del Consell consultó asesoramiento jurídico. Esto ocurrió durante el episodio de inundaciones y barrancadas del 29 de octubre de 2024. Este evento dejó 230 víctimas mortales.
La solicitud busca aclarar si las decisiones adoptadas en aquellas horas contaron con respaldo jurídico y en qué términos. Ese punto es relevante para determinar el grado de diligencia de los responsables públicos y perfilar eventuales responsabilidades administrativas o penales, según avance la investigación.
En concreto, la magistrada ha requerido que se informe si el 29-O el entonces secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, emplazó a la Abogacía. Esto es con el fin de emitir alguna valoración jurídica sobre la emergencia y su gestión. Además, pide saber si hubo comunicaciones verbales o escritas con altos cargos del Consell.
Además, a petición de la acusación popular y particular ejercida por Acció Cultural del País Valencià, el juzgado ha acordado solicitar a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco un informe. Este informe debe incluir las llamadas que el 112 de Euskadi recibió por derivación del 112 de la Comunitat Valenciana ese día. Además, solicitará las grabaciones para su futura incorporación al procedimiento.
El análisis de esas comunicaciones puede aportar una cronología precisa de avisos, derivaciones y respuestas. También puede ayudar a contrastar el funcionamiento de la coordinación entre servicios autonómicos. Esto es relevante cuando se activan desvíos de llamadas o se saturan líneas en situaciones de emergencia.
Diligencias admitidas y rechazadas
En la misma resolución, la jueza rechaza otras diligencias solicitadas por ACPV relativas a una llamada telefónica y a un mensaje de mensajería entre el lehendakari y el entonces president de la Generalitat. Considera que esos contactos se produjeron fuera del lapso en que debían adoptarse decisiones para salvaguardar a la población.
También rechaza la citación de la jefa de Servicios del Palau de la Generalitat solicitada por la acusación de Compromís. Esta citación estaba orientada a aclarar si el borrado de las cámaras de seguridad del Palau obedeció al cumplimiento del plazo legal. Además, quería saber si existiría alguna forma de recuperar esa información pese al borrado.
La instructora argumenta que, aun en el caso de que Carlos Mazón hubiera recorrido a pie el trayecto desde el aparcamiento de Glorieta-Paz tras su conversación con Maribel Vilaplana, ese extremo resultaría irrelevante para los hechos atribuidos a la consellera Salomé Pradas. Por lo tanto, decae la utilidad de recabar las imágenes.
En paralelo, el juzgado ha acordado la práctica de testificales de escoltas, del chófer y de personas que, tras la llegada de Mazón al Palau, pudieran dar fe de los comentarios realizados por el president. Con ello se pretende reconstruir qué se dijo y qué información se manejó en esos minutos. Estas piezas que la instrucción considera más útiles para el objeto de la causa.
Marco de la investigación penal
La causa penal analiza la gestión institucional de la DANA del 29 de octubre de 2024, cuando lluvias torrenciales y barrancadas provocaron daños y 230 muertes. El foco de la jueza está en si las autoridades tomaron decisiones adecuadas y en el momento oportuno para proteger a la población.
Las nuevas peticiones de información a la Abogacía y a los servicios de emergencias buscan delimitar con mayor precisión la cadena de decisiones. También buscan entender la coordinación interadministrativa. Sus resultados podrían orientar nuevas diligencias y cerrar otras líneas que ya se consideran accesorias.
