La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 ha acordado este miércoles citar a declarar a 39 nuevos testigos, entre agentes medioambientales y bomberos forestales. La decisión se enmarca en la investigación de unas inundaciones que dejaron 230 fallecidos en la provincia de Valencia y que han centrado el foco en los protocolos de prevención, aviso y respuesta.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, los nuevos testigos son 10 agentes medioambientales o guardas fluviales de la Confederación Hidrográfica del Júcar, 8 bomberos forestales y 21 agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente. Las comparecencias aún no tienen fecha y se señalarán en próximas resoluciones del juzgado.
Qué se busca aclarar
Con estas declaraciones, la magistrada ha reforzado la obtención de testimonios técnicos de primera línea que pueden aportar una visión directa de lo ocurrido en cauces, montes y áreas inundables durante el episodio. Sus relatos han de ayudar a reconstruir la cronología de incidencias y decisiones adoptadas en tiempo real, a identificar cómo circularon las alertas y qué medidas se activaron en cada momento y territorio.
En el caso de los agentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, su función de vigilancia de ríos y barrancos les ha situado en puntos clave para observar niveles, desbordamientos y posibles obstáculos en los cauces, así como para reportar comunicaciones internas entre servicios. Sus testimonios pueden arrojar luz sobre inspecciones previas, avisos transmitidos y la coordinación con otras administraciones en las horas críticas.
Los bomberos forestales y los agentes medioambientales de la Conselleria han intervenido en tareas como rescates, apoyo logístico, control de accesos y evaluación de riesgos en entornos rurales y periurbanos. Su experiencia sobre el terreno resulta relevante para precisar alertas recibidas, órdenes trasladadas, disponibilidad de recursos y condicionantes de seguridad que marcaron su actuación.
La incorporación de este abanico de perfiles ha permitido ampliar el alcance de la instrucción con miras a delimitar responsabilidades y a verificar si los procedimientos establecidos se aplicaron conforme a lo previsto durante la emergencia. El avance en la toma de declaraciones contribuirá a completar el análisis de la gestión pública del episodio y a contrastar la información aportada por los distintos servicios movilizados.
