La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha acordado pedir a la Conselleria responsable de las residencias los informes que se hayan efectuado sobre el fallecimiento de varias personas por las inundaciones en la residencia de la tercera edad Savia de Paiporta.
El auto, emitido este martes, responde a la solicitud de diligencias de un letrado que incluyen documentación, testificales de la dirección de la residencia y responsables de seguridad o de los trabajadores del turno de tarde noche del 29 de octubre de 2024 o de los servicios de emergencias que intervinieron, así como periciales y una inspección ocular/policial.
De todas ellas, la jueza estima únicamente la solicitud de aportar los informes que se hayan realizado sobre el fallecimiento de residentes por parte de la Conselleria de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda que dirige la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, según el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Reclamaciones
En esas peticiones, se reclama el libro de incidencias de la residencia Savia de Paiporta, o los protocolos de evacuación y emergencias vigentes en el centro, o informes médicos y asistenciales de una de las residentes, o comunicaciones remitidas desde la Conselleria, el Ayuntamiento de Paiporta y Protección Civil, o que se aporte a la causa la póliza de aseguramiento de la empresa responsable del centro.
También se pedía la declaración del director o directora de la residencia y responsables de seguridad, de los trabajadores de turno de la tarde noche del día 29 de octubre, de familiares directos de la residente -a cuya familia representa-, o de los responsables de Protección Civil, bomberos y servicios de emergencias que intervinieron en el operativo.
Pruebas periciales
En cuanto a las pruebas periciales, reclamaba informe forense de autopsias practicadas a los residentes fallecidos, con detalle de causa de muerte y circunstancias concurrentes de la madre de sus patrocinados, e informe pericial de un ingeniero técnico en prevención de riesgos sobre la idoneidad de las instalaciones y medidas adoptadas ante la emergencia.
Asimismo, pedía informe meteorológico de Aemet en el que se indique sobre la previsibilidad, intensidad y alcance de la dana en la zona de Paiporta.
También reclamaba una inspección ocular de las instalaciones de la residencia, con levantamiento de plano y reportaje fotográfico, o informe de la Guardia Civil/Policía Judicial sobre las actuaciones realizadas en la residencia durante la emergencia.
Negligencias actuación responsables residencia en la evacuación
En el auto se razona que algunas de las pruebas y solicitudes de aportación de documentación apuntan «a la existencia de negligencias en la actuación de los responsables de la residencia en la evacuación que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024. Sólo en este sentido se puede entender la obtención de la póliza de responsabilidad civil o que se requiera un informe pericial de un ingeniero técnico en prevención de riesgos».
«Ha de tenerse en cuenta», añade la jueza, que no solo dicha residencia, sino la población en general, «sufrió la falta de avisos a la población» al objeto de que se adoptaran medidas de autoprotección, según recoge.
Como se señaló en otras resoluciones en las que se interesó la investigación de las responsabilidades penales en el ámbito de la administración local, «ante la evidente y palmaria falta de avisos a la población, la inactividad patente de la Administración autonómica competente en materia de protección civil, no se puede estimar la existencia de una actuación delictiva por los responsables de la residencia», asegura.
Declaración testigos trabajadores residencia
Asimismo, recuerda que ya declararon como testigos los trabajadores de la residencia, y que el informe de autopsia obra en las actuaciones, y apunta que sí podría pedir ampliar la declaración de alguno de los testigos.
Junto con estos dos autos se han notificado dos diligencias de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia en las que se comunican que se tienen por presentados diversos escritos y recursos de las partes, al tiempo que se oficia a la Policía Judicial de la Guardia Civil para que efectúen la descarga de diversos vídeos publicados en YouTube a los que se hace referencia en un auto fechado el pasado 4 de septiembre, para que quede documentado en el procedimiento y evitar su pérdida.
