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martes, enero 27, 2026

La jueza de la DANA pide al ex secretario de Presidencia la factura de llamadas de su móvil

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La instructora ha solicitado a Cayetano García la factura de su móvil para cotejar la hora de una llamada al abogado general el 29 de octubre de 2024. La petición llega tras las declaraciones de Álvaro Martínez e Ignacio Lleó, quien ha autorizado recabar su facturación desde las 17 horas de ese día.

La jueza que investiga la gestión de la dana ha preguntado al ex secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, si aporta voluntariamente, en el plazo de cinco días, la factura de su teléfono móvil para cotejar la hora en la que llamó al abogado general de la Generalitat la tarde del 29 de octubre de 2024. La comprobación de ese registro permitiría encajar con precisión la cronología de las comunicaciones internas durante aquella jornada.

Esta petición se produce tras la declaración, como testigos, del abogado general, Álvaro Martínez, y del coordinador de la Abogacía en la Conselleria de Justicia, Ignacio Lleó. Con sus testimonios la instructora busca aclarar qué contactos se produjeron y en qué momento, y si las versiones ofrecidas son coherentes con los datos objetivos que puedan aportar las facturas de llamadas.

Verificar la secuencia de comunicaciones

En su requerimiento, la jueza ha planteado a García la entrega voluntaria del documento, un paso destinado a contrastar hechos que dependen de la hora exacta en que se cursó la llamada. El objetivo es comparar esa información con la facilitada por los testigos y con otras actuaciones ya incorporadas a la causa.

Por su parte, Ignacio Lleó ha dado autorización para que se requiera a la Dirección General de Tecnología de la Generalitat el envío al juzgado de Catarroja de la facturación de sus llamadas el día de la dana a partir de las 17 horas. La fijación de esa franja horaria acota el análisis al tramo de la tarde en el que se concentraron las comunicaciones más relevantes.

Estas decisiones constan en una providencia de la instructora que ha sido hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Con ello, la investigación sobre la gestión de la dana avanza en la verificación de los tiempos y en el contraste entre lo declarado y lo registrado.