La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA de 2024 ha acordado pedir a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencia (SGISE) la identificación personal de cada bombero forestal que ese día vigiló el barranco del Poyo y el río Magro.
El objetivo, implícito en la solicitud, ha sido precisar qué efectivos estuvieron desplegados y con qué unidad operativa, una información clave para ordenar los movimientos y actuaciones durante el episodio.
En concreto, pide los datos de los bomberos forestales que, a instancia del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, el 29 de octubre de 2024 vigilaron el río Magro en el área del puente de Carlet (Unidad de Alzira) y el barranco del Poyo en las áreas de Torrent, Picanya y Paiporta (Unidad de Bomberos Forestales de Buñol). Al requerir la identificación uno a uno, la instructora busca disponer de un listado nominal que permita cotejar turnos, avisos y decisiones adoptadas sobre el terreno.
Diligencias para reconstruir decisiones
Así consta en una providencia en la que la jueza acuerda esta medida a raíz de un informe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia que señala que la gestión del personal y el histórico de datos de los componentes de las unidades de bomberos forestales corresponde a la SGISE. Al tratarse del organismo que centraliza la información de plantillas y servicios, la petición se dirige a esa entidad para asegurar que los datos sean completos y verificables.
Además, en otra providencia, la jueza Nuria Ruiz Tobarra pide que la SGISE remita los documentos de la convocatoria del consejo de administración del día de la DANA, con la relación de personas convocadas, el orden del día y el acta de esa sesión. Con ese material, la instrucción ha pretendido reconstruir la cadena de decisiones en el ámbito directivo y conocer qué asuntos se trataron mientras se gestionaba la emergencia, así como quiénes participaron formalmente en esa reunión.
Documento oficial de autoprotección frente a inundaciones
Finalmente, la jueza ha dictado un auto en el que rechaza la petición de uno de los dos imputados en la causa, el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, de requerir a la Conselleria competente el documento oficial de autoprotección frente a inundaciones vigente los días 28 y 29 de octubre de 2024 y de acreditar si era accesible públicamente.
La instructora señala que, según ha comunicado la Generalitat, esa guía de autoprotección se elaboró con posterioridad a octubre de 2024 y el investigado no ha aportado pruebas de que existiera antes, por lo que tampoco procede determinar la accesibilidad de un documento cuya inexistencia en esas fechas se afirma.
La causa penal continúa en fase de instrucción a la espera de la respuesta de la SGISE y de la documentación requerida, pasos que han de ayudar a delimitar responsabilidades y a aclarar cómo se gestionaron los recursos durante la DANA.
