La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA ha ordenado a la Generalitat informar sobre el número de alertas rojas decretadas en los últimos diez años. Además, pidió información sobre los Cecopi (Centros de Coordinación Operativa Integrada) activados tras dichas alertas.
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), esta diligencia se ha adoptado en dos providencias a petición de la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Ella figura como investigada en el procedimiento.
Prórroga de la instrucción y citaciones de testigos
La magistrada también ha solicitado a las partes que se pronuncien sobre la posibilidad de prorrogar seis meses la instrucción. El plazo actual concluye el 30 de octubre.
Asimismo, y dado que algunos letrados manifestaron en anteriores testificales no comprender el valenciano —como ocurrió con el del presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó—, la jueza de la DANA ha requerido la presencia de un intérprete de valenciano. Esta será para las próximas declaraciones previstas los días 10 y 19 de septiembre y el 3 de octubre de 2025.
Entre los citados a declarar figuran el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHX), Miguel Polo, que comparecerá como testigo el 19 de septiembre. También se incluye un oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el 10 de septiembre. Además, un técnico forestal del mismo organismo está citado el 3 de octubre.
