La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la DANA ha ordenado que se identifique a los bomberos que fueron destinados a la vigilancia de los cauces el 29-O y ha citado a declarar de nuevo a uno de los técnicos de Emergencias que intervino en el envío del mensaje Es-Alert y que estaba trabajando cuando los bomberos se retiraron.
La jueza, según consta en una providencia de la que ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ha adoptado esta decisión tras constatar que este trabajador pudo estar operativo en la franja horaria en la que se retiraron los bomberos forestales de la vigilancia de los cauces.
Listado de trabajadores
Recientemente la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha aportado al juzgado el listado de trabajadores de que se encontraban desempeñando sus funciones en los dos puestos de operación de la sala de mando y control del Centro de Coordinación de Emergencias.
El referido técnico entró a trabajar a las 14:45 horas, momento aproximado en el que, según las declaración de un técnico forestal, se pudieron retirar los bomberos.
Identificación testigo
En la misma providencia, la jueza da 3 días al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para que identifique, con el fin de citarlos como testigos, «a cada uno de los bomberos forestales que, a instancia del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, el día 29 de octubre de 2024, fueron a realizar funciones de seguimiento y vigilancia del río Magro en el área del puente de Carlet, (bomberos forestales de la Unidad de Alzira), y del Barranco del Poyo, en las áreas de Torrent-Picanya-Paiporta, (Unidad de Bomberos Forestales de Buñol)».
Declaración agentes o guardas fluviales
Por otra parte, la Fiscalía Provincial ha solicitado a la instructora que cite a declarar «a los agentes o guardas fluviales que el 29 de octubre de 2024 realizaron labores de control y vigilancia propias del ejercicio de sus funciones en las zonas, subzonas, sectores y subsectores de la demarcación hidrográfica del Júcar por los que discurren ríos y barrancos relacionados con los hechos investigados».
En relación a esta petición, la jueza ha respondido que la citación se efectuará una vez la CHJ identifique a esos trabajadores «y atendiendo al volumen de agentes que hubieran sido ubicados en cada uno de los puntos de control».
Representante Agricultura Cecopi
Además, la jueza ha ordenado a la Conselleria de Agricultura que informe, en el plazo de 3 días, sobre si «existía algún representante de dicha Conselleria presente en el Cecopi, de forma presencial o telemática, el día 29 de octubre de 2024, para informar sobre la presa de Buseo», que es de titularidad y competencia autonómica.
Medio Ambiente
También ha pedido a la Conselleria de Medio Ambiente que informe, en el mismo plazo de 3 días, obre los agentes medioambientales dependientes de dicha Conselleria que el día de la dana «ejercieron sus funciones ordinarias en la provincia de Valencia, con su identificación personal y ubicación de trabajo de cada uno de ellos, y el horario en el que desplegaron dichas funciones».
Feijóo
El juzgado ha incorporado a la causa, a través de una diligencia de constancia, la transcripción de las declaraciones que efectuó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su visita al Centro de Coordinación de Emergencias de La Eliana el 31 de octubre de 2024.
Dichas declaraciones fueron: “Pero en este momento, la primera palabra tiene que ser de pésame; de pésame a las víctimas y también de realismo, y es que el president de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando igual que ayer que nos tememos que haya más personas fallecidas, pero eso ya corresponde a las autoridades correspondientes de acuerdo con la información contrastada y facilitándola a todos ustedes en las próximas horas y en los próximos días”.
Por último, la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de la acusación popular que ejerce el partido Valores contra la desestimación de su petición para que declararse como investigado el presidente de la CHJ, Miguel Polo.
