La jueza que investiga la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana ha citado a declarar en calidad de testigo a la jefa de la unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunitat, Patricia García, para el próximo 20 de enero.
Su comparecencia se enmarca en la causa abierta para aclarar cómo se organizó la respuesta institucional durante aquel episodio de lluvias intensas y cuál fue el papel de los principales responsables de emergencias.
Según consta en un escrito difundido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la magistrada también ha fijado para el 23 de abril la declaración del coordinador de medios naturales del servicio de Planificación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
Con esta citación, el juzgado pretende reconstruir con mayor detalle las decisiones adoptadas desde el ámbito autonómico, especialmente en lo referente a la movilización de recursos y a la coordinación con otros servicios implicados.
La investigación se centra en determinar si la actuación de las distintas administraciones y organismos durante la DANA se ajustó a los protocolos previstos para este tipo de fenómenos meteorológicos extremos. La declaración de la responsable de Protección Civil permitirá conocer de primera mano cómo se gestionó la información disponible, qué avisos se emitieron y en qué momento se activaron los mecanismos de alerta a la población y a los equipos de intervención.
El papel de los servicios de emergencias
Además de estos altos cargos, la jueza ha citado a declarar en calidad de testigo a otra de las trabajadoras de Ilunion que estuvo la jornada de la DANA al servicio de Emergencias. Su testimonio resultará relevante para completar la visión operativa de lo sucedido, al aportar el punto de vista de quien trabajó directamente en la atención de avisos y en la gestión de incidencias mientras se desarrollaba el episodio de lluvias.
Con la declaración de estos tres testigos, el juzgado busca encajar las distintas piezas de la respuesta institucional ante la DANA, desde la planificación previa hasta la actuación en tiempo real. El objetivo es esclarecer si hubo coordinación suficiente entre los diferentes niveles administrativos, si los recursos disponibles se emplearon de forma adecuada y si se cumplieron los procedimientos previstos para minimizar los riesgos a la población y a las infraestructuras.
