La magistrada que instruye la causa penal por las muertes y lesiones provocadas por la DANA del pasado 29 de octubre ha calificado de “erróneo” e “incompleto” el informe Guardia Civil DANA presentado.
El documento, que debía limitarse a una cronología técnica de los hechos, incluye valoraciones que, según la jueza, exceden las competencias de la Policía Judicial y no tiene relación directa con el informe Guardia Civil DANA. Estas valoraciones no tienen validez procesal.
El informe no responde a lo ordenado por el juzgado
La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja sostiene que el informe no se ajusta al mandato del tribunal. Incluye “consideraciones sobre fallos y negligencias” que solo pueden ser valoradas por la autoridad judicial.
La instructora recuerda que el análisis de responsabilidades es “exclusivamente jurisdiccional”. Lamenta que la Guardia Civil haya actuado “de forma autónoma”, desviándose del encargo original y del objetivo del informe Guardia Civil DANA.
Rechazada la petición de investigar al presidente de la CHJ
A raíz del informe, la acusación popular ejercida por Liberum solicitó la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
Sin embargo, la magistrada ha rechazado la petición al no apreciar “indicios de criminalidad” en su actuación.
Añade que el informe Guardia Civil DANA obvia elementos clave ya resueltos por la Audiencia Provincial. Además, no tiene en cuenta hechos relevantes, como los 24 avisos emitidos por la CHJ el 29 de octubre. También ignora la activación de la alerta hidrológica en el barranco del Poyo.
Críticas a omisiones y errores de fondo
La jueza también censura que el informe ignore comunicaciones entre la Aemet y el 112. Asimismo, ignora los avisos previos en medios de comunicación o decisiones como la cancelación de clases por parte de la Universitat de València.
En su providencia, desmonta punto por punto la teoría de falta de información institucional. Señala que la “cronología solicitada” ha sido sustituida por un análisis paralelo, el cual interfiere con decisiones ya firmes del proceso.
Aval a las investigaciones en curso
La resolución judicial recuerda que la Audiencia Provincial de València ya avaló la investigación sobre la actuación de cargos de la Generalitat como Salomé Pradas y Emilio Argüeso. Además, descartó investigar a responsables como Miguel Polo o la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
El auto subraya que la competencia sobre la prevención de desbordamientos recae en la Generalitat, según la legislación de emergencias vigente.
