sábado, 20 julio 2024

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El jurado empieza a deliberar si la acusada del crimen de los laxantes es culpable del asesinato

La Fiscalía asegura que la acusada "sabía muy bien lo que hacía y la rentabilidad de lo que hacía hasta el resultado final"

Un jurado popular ha empezado este lunes a deliberar si Mari Carmen, la mujer acusada de asesinar a su pareja administrándole laxantes hasta su muerte y “desvalijarle” sus cuentas hasta dejarlas en números rojos, es culpable o no de los delitos que se les atribuye.

El magistrado ha entregado esta mañana, sobre las 10 horas, el objeto del veredicto a los miembros del jurado con una batería de preguntas a las que deberán responder para determinar si Mari Carmen es culpable o inocente.

La acusada se enfrenta a una pena, tal y como le reclama el ministerio fiscal, de 28 años de prisión por un delito de asesinato, estafa y falsedad. Las acusaciones particulares elevan la petición a 31 años, mientras que la defensa reclama la libre absolución.

La Fiscalía asegura que la acusada “sabía muy bien lo que hacía y la rentabilidad de lo que hacía hasta el resultado final”, con lo que en la exposición de su informe pidió al jurado que hiciera “justicia” y la condenara porque se trata de un crimen “especialmente alevoso y muy grave: en los siete meses que Salvador estuvo ingresado veía cómo se consumía y siguió. Es insoportablemente escalofriante”. “Ella mató a Salvador sabiendo lo que hacía, administrándole los laxantes y quitándole el dinero”, apostilló.

Del mismo modo, las acusaciones particulares señalaron que la acusada es una “depredadora que ha ido perfeccionando con el tiempo su método –un exnovio testificó que le vacío sus cuentas mientras estuvo tres meses con diarreas– en el cual el fallecido no tuvo ningún tipo de oportunidad”. “Por favor, párenla”, reclamaron al jurado.

Por contra, la defensa ha mantenido a lo largo del juicio que la acusación a su cliente es “una excelente película, pero que no está basada en hechos reales” porque “no se ha encontrado el arma del crimen, los laxantes, ni en la autopsia ni en los informes, ni se ha probado la autoría, nadie vio a Mari Carmen administrar laxantes a Salvador”. La acusada no quiso hacer uso de su derecho de última palabra.

“La compatibilidad de las diarreas con los laxantes solo es una posibilidad, pero no puede ser causa para condenar por asesinato a Mari Carmen”, señaló la letrada, cuando además apuntó que ha quedado acreditado que en el propio hospital le administraron laxantes.

Del mismo modo, negó los delitos de estafa y falsedad. Insistió en que Mari Carmen contaba con la autorización “verbal” de Salvador para usar sus tarjetas y apuntó que en caso de haber habido un desfalco pudo ser por “voluntad propia” de él antes de ingresar porque “estaba enamorado de Mari Carmen o porque le había comida la olla”.

Los hechos

La acusada, de 49 años cuando inició la relación, supuestamente administró en verano de 2020 a su pareja, Salvador, un viudo de 68 años que tenía diagnosticados varios trastornos médicos, laxantes sin que él lo supiera, según mantienen las acusaciones y deberán dar por probado –o no– los miembros del jurado.

El paciente fue ingresado en septiembre del mismo año y pasó cuatro días en la unidad de cuidados intensivos. Al volver a casa, Mari Carmen, según el relato fiscal, continuó dándoselos, lo que provocó un nuevo ingreso en el que siguió administrándolos a pesar de que era consciente que podían causarle la muerte. Durante el tiempo de hospitalización hasta su muerte llegó a comprar más de mil comprimidos de Dulcolaxo, más de 500 unidades de Evacuol y otras 500 de Seguril.

La víctima desarrolló una diarrea crónica funcional y refractaria a cualquier tratamiento y una deshidratación y deterioro progresivo hasta que falleció el 16 de abril de 2021 por un shock séptico severo.

Además, entre octubre de 2020 y hasta la muerte del hombre, la procesada habría realizado hasta 152 extracciones de dinero de cuentas corrientes de la víctima y compras con tarjetas de crédito del hombre por valor superior a los 120.000 euros. También habría solicitado dos créditos a nombre del enfermo, que habría suscrito telefónicamente simulando la intervención del hombre.

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