La Comunitat Valenciana ha registrado 10.347 infracciones penales por atentado contra la autoridad en los últimos cinco años. En 2025, a falta de cerrar el último trimestre, se habían conocido 1.684 entre enero y septiembre, un ritmo que mantiene a la autonomía en el cuarto puesto por volumen de casos.
En el conjunto del país, el Ministerio del Interior ha contabilizado más de 44.600 infracciones de este tipo en el mismo periodo, la mayoría por agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad. La evolución se ha mantenido estable: se ha pasado de 15.397 delitos en 2021 a 16.878 en 2024 (último año cerrado), lo que supone un aumento del 9,6 por ciento en el quinquenio.
A falta de la contabilidad del último trimestre de 2025, el año pasado puede arrojar cifras similares a las de ejercicios precedentes (por encima de 16.000). Entre enero y septiembre se habían conocido 12.645 infracciones por atentado contra la autoridad, agentes o funcionarios públicos, lo que adelanta una tendencia continuista.
Tendencia estable y marco legal
Estos delitos están recogidos en el Código Penal, en los artículos 550 a 554. El 550 define el tipo penal: ‘Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas’. El 551 fija las penas: ‘Los atentados comprendidos en el artículo anterior serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de uno a tres años en los demás casos’.
En la práctica, la tipología abarca desde agresiones físicas hasta la intimidación grave o la resistencia activa cuando los agentes o autoridades ejercen sus funciones. Este alcance explica que el volumen anual se haya mantenido alto y relativamente estable en los últimos años, con variaciones moderadas entre ejercicios.
Concentración territorial y presión sindical
Algo más del 65 por ciento de las agresiones y atentados se perpetran en cuatro autonomías: Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana. Con los años cerrados (2021-2024), Madrid se ha situado en cabeza con más de 3.000 casos por ejercicio (casi 3.300 en 2021), por delante de Andalucía, que ha superado los 2.800, y de Cataluña, por encima de 2.600. En 2025, a falta del cierre, Andalucía encabezaba la lista entre enero y septiembre con 2.223 casos, seguida de Cataluña (2.174), Madrid (2.147) y Comunitat Valenciana (1.684).
En el extremo opuesto, las cifras más bajas entre enero y septiembre de 2025 se habían registrado en Ceuta (38) y Melilla (24). Entre las comunidades, La Rioja (74), seguida por Cantabria (106), Navarra (181), Extremadura (209) y Asturias (242). Este reparto refleja que la mayor presión se concentra en territorios con poblaciones más elevadas o con entornos donde el trabajo policial afronta mayor exposición.
Sindicatos policiales y asociaciones profesionales de guardias civiles demandan desde hace años que su labor sea reconocida como profesión de alto riesgo, una reivindicación que han llevado al ámbito europeo. Esta misma semana lo hicieron en el Parlamento Europeo en la capital belga durante una reunión con el PP. La vicesecretaria de Regeneración Institucional de ese partido, Cuca Gamarra, se comprometió a impulsar una directiva europea en ese sentido y, respecto a las agresiones, abogó por considerarlas como ‘eurodelito’ para reforzar la protección y la seguridad jurídica de los agentes.
Ya en noviembre del año pasado, organizaciones como Jucil y Jupol se concentraron ante el Ministerio del Interior para denunciar la ‘escalada’ de violencia contra los miembros de las fuerzas de seguridad. Entre los casos recientes, destacaron la agresión sufrida por un policía nacional en Vinalesa cuando estaba fuera de servicio, que resultó herido grave. Un buen número de ataques se producen en el Campo de Gibraltar; entre ellos, el del 6 de diciembre contra guardias civiles por parte de un conductor que alijaba tabaco en el río Palomares, en Los Barrios (Cádiz). Según la asociación Jucil, la Guardia Civil sufre una media de cinco ataques diarios en España.
En la Comunitat Valenciana, los 10.347 casos acumulados en el último lustro sitúan a la autonomía entre los territorios con mayor incidencia. A falta del cierre de 2025, los datos disponibles apuntan a que el patrón observado en los últimos años se ha mantenido, con variaciones contenidas y un reparto territorial muy concentrado.
