Los grupos de la oposición en Les Corts han reaccionado con satisfacción a la decisión de la jueza que investiga la gestión de la dana de citar como testigo al expresident de la Generalitat Carlos Mazón. PSPV y Compromís subrayan que el dirigente popular está obligado a decir la verdad ante el juzgado y anuncian que vigilarán de cerca su declaración, mientras PP y Vox reclaman respeto a las decisiones judiciales y evitan entrar en valoraciones de fondo.
Desde la bancada popular, el síndic Nando Pastor ha restado relevancia procesal a la citación de Mazón al afirmar que su situación en la causa no cambia por el hecho de acudir como testigo. Ha recalcado que el PP no va a juzgar políticamente a los jueces ni sus resoluciones y ha situado esa actitud en los partidos de la izquierda, a los que acusa de aprovechar cada paso judicial para arremeter contra los magistrados cuando las decisiones no se ajustan a sus intereses.
Pastor ha reprochado a PSPV y Compromís que salgan, en sus palabras, en tromba a desacreditar o a criticar con dureza a los jueces cuando las resoluciones no les gustan. Frente a esa forma de actuar, ha defendido que el PP mantiene una posición de respeto institucional a la justicia y ha reivindicado que Mazón ha sido, según sostiene, el único responsable político que ha reconocido errores en la gestión de la dana, ha pedido disculpas públicamente y llegó a presentar su dimisión.
El síndic del PSPV, José Muñoz, ha puesto el foco en la declaración judicial de Mazón y en la documentación que deberá aportar. Ha insistido en que el expresident tiene la obligación de decir verdad y ha criticado que, a su juicio, no lo ha hecho desde que se produjeron los episodios de la dana. El dirigente socialista ha advertido de que su partido estará muy atento para comprobar si incurre en contradicciones o faltas a la verdad durante la testifical.
Muñoz ha ido más allá al reclamar no solo el registro de llamadas de Mazón del día de la dana, sino también el contenido de los mensajes de mensajería instantánea de esa jornada, al considerar que pueden aclarar qué decisiones tomó, con quién habló y qué información manejaba en tiempo real. Además, ha instado al actual president y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, a exigir a Mazón el acta de diputado, al considerar que la situación del expresident es ya insostenible en términos políticos.
Responsabilidades politicas y judiciales
Según Muñoz, Mazón intentará aferrarse al escaño y a su cargo interno en el partido todo lo posible, por lo que sitúa en el PP la responsabilidad de actuar. Aunque dice no esperar cambios en la actitud del expresident, sí confía en que el Partido Popular muestre, en sus palabras, un mínimo de dignidad política ante la gravedad del caso y la presión creciente sobre la figura de Mazón.
En la misma línea crítica, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado la decisión de la jueza como una noticia que alegra a la inmensa mayoría de valencianos. Considera positivo que el president que, según afirma, no estuvo donde debía, no tomó las decisiones adecuadas y ha mentido de forma reiterada, tenga que comparecer finalmente en el juzgado de Catarroja para explicar su actuación y decir la verdad sobre lo ocurrido durante la dana.
Baldoví también ha valorado que Mazón deba aportar el listado de llamadas del 29 de octubre de 2024 y sus mensajes de mensajería, al entender que esa información puede resultar profundamente aclaratoria sobre su grado de implicación y la gestión real de la emergencia. Sin embargo, diferencia entre la posible responsabilidad judicial, que dependerá de la investigación, y la responsabilidad política, y sostiene que Mazón no debería seguir ocupando un escaño en Les Corts dada la gravedad de las dudas que se ciernen sobre su actuación.
El portavoz de Compromís se ha mostrado profundamente escéptico sobre la futura colaboración de Mazón con la justicia, a la vista de las distintas versiones que ha ofrecido hasta ahora sobre lo que hizo el día de la dana. Aun así, confía en que la citación permita aclarar de una vez por todas dónde estuvo, a qué hora abandonó los lugares en los que se encontraba, con quién habló y si disponía de información suficiente sobre lo que estaba ocurriendo mientras se desarrollaba el episodio de lluvias torrenciales.
Por su parte, el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha optado por una posición de prudencia. Ha defendido que se deje trabajar a la justicia sin presiones externas, aunque ha considerado curioso que la instructora pase de una propuesta de imputación a una citación en calidad de testigo. En su opinión, será la jueza quien determine qué tipo de información testifical necesita para completar la instrucción y qué papel debe tener Mazón en la causa.
Llanos ha recordado que, como cualquier testigo, Mazón será advertido antes de declarar de su obligación de decir la verdad ante el juzgado. Ha señalado que lo que haga o diga en sede judicial compete única y exclusivamente a él, aunque ha añadido que siempre se espera que un testigo cumpla con su deber legal de decir la verdad. Con esa idea, Vox intenta marcar distancia del choque político entre bloques y centrar su discurso en el respeto al procedimiento judicial en marcha.
