Las asociaciones que agrupan a afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024 han anunciado que no se plantean una reunión con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mientras no reclame a su antecesor, Carlos Mazón, que entregue su acta de diputado. La Associació Víctimes de la dana 29 d’octubre 2024 y la Associació de Víctimes Mortals 29-O vinculan cualquier diálogo a un gesto previo de asunción de responsabilidades políticas.
Mensajes que agravan las críticas
Ambas entidades expresan su indignación tras conocerse mensajes y conversaciones mantenidos aquel 29 de octubre entre la exconsellera e imputada en la causa penal, Salomé Pradas, Carlos Mazón y el jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. Sostienen que esas comunicaciones confirman que la Administración conocía la alerta hidrológica y, aun así, ocultó o negó información de riesgo, que Mazón fue informado y no actuó con la urgencia que exigía la situación, y que durante meses se ofreció a la ciudadanía una versión que no se corresponde con lo ocurrido.
También censuran la actitud que consideran potencialmente letal del jefe de gabinete y las instrucciones de calma o de no confinar trasladadas en esos mensajes. A su juicio, ese enfoque frenó el envío de avisos masivos que podrían haber alertado a la población con tiempo suficiente, un factor que, de haberse producido, habría permitido tomar decisiones preventivas con más margen.
Las asociaciones subrayan que los intercambios difundidos muestran que Mazón estaba al corriente de la situación y no modificó su agenda. Entienden que ese comportamiento alimenta su desconfianza en la versión oficial defendida durante un año y refuerza su exigencia de transparencia y responsabilidades.
En consecuencia, reclaman la entrega del acta de diputado por parte de Mazón y recalcan que, sin ese paso, no valorarán una reunión con Pérez Llorca. Consideran ese movimiento como la mínima señal de ruptura con una etapa que, a su entender, ha estado marcada por la negación y la falta de reacción acorde con la gravedad del episodio.
Además, piden una ruptura total con la narrativa de defensa del Consell mantenida este último año. Argumentan que la sociedad no acepta que se haya sostenido una versión oficial que, según las pruebas conocidas, queda desmentida. Reclaman un cambio de rumbo en la comunicación institucional y el reconocimiento de errores para empezar a restablecer la confianza.
Las entidades solicitan igualmente la destitución política de quienes han sostenido y repetido una explicación que ven contradicha por los hechos, entre ellos los consellers Susana Camarero, José Antonio Rovira y Miguel Barrachina. Y exigen que todas las personas citadas en la causa judicial sobre la gestión de la DANA, así como los cargos implicados, colaboren sin reservas con la instrucción y faciliten documentación, acceso a dispositivos y registros que permitan aclarar la cadena de decisiones del 29 de octubre. Concluyen que solo con transparencia y asunción de responsabilidades podrán atender cualquier propuesta de reunión futura.
