La Ley de Eficiencia de la Justicia supondrá un ahorro de 38,5 millones de euros en la Comunitat Valenciana. Para la implantación del nuevo modelo, el Ministerio ha realizado una inversión de 42 millones en esta región.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presidido este lunes la Conferencia Sectorial de Justicia. Este es el órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia.
La Ley de Eficiencia supone la mayor reforma estructural de la Justicia en décadas. Su objetivo es convertirla en un servicio público más ágil, moderno y cercano a la ciudadanía, ha destacado el Gobierno.
Pendencia actos comunicación
En la Comunitat Valenciana, la pendencia de los actos de comunicación se ha reducido un 34,6 %. Aunque la media de las siete comunidades de las que se disponen datos (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla La-Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia) es del 36 %, según datos del Gobierno.
La evaluación del Ministerio también constata una agilización en la ejecución de sentencias. En la Comunitat Valenciana, la reducción de las ejecuciones pendientes de admisión es del 27 %.
Tal y como preveía la ley, más de 300 Tribunales de Instancia ya han entrado en funcionamiento durante este año sin incidencias. De estos, 26 están en la Comunitat Valenciana.
Esfuerzo de la Generalitat
Por su parte, la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha destacado el esfuerzo de la Generalitat para cumplir con los plazos de implantación de los Tribunales de Instancia. Además, ha trasladado al ministro de Justicia su malestar por la falta de coordinación y recursos del Gobierno de España en el proceso de implementación de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«El Ministerio de Justicia estaba obligado a garantizar los recursos necesarios para poder implementar la ley con las debidas garantías. También, debería haber coordinado su implementación, algo que no ha hecho. Esto ha derivado en un sobreesfuerzo por parte de las autonomías que han cumplido con los plazos, como es el caso de la Comunitat Valenciana”, ha lamentado.
Según Martínez, «hemos hecho frente a estos cambios sin apoyo ni coordinación por parte del Gobierno de España».
Financiación
La consellera ha señalado que no se puede eludir la cuestión de la financiación, y más en el caso de la Comunitat Valenciana, que padece una infrafinanciación estructural. Además, está afrontando en solitario la reconstrucción y recuperación social y económica tras la riada. La norma, ha dicho, «nos está costando alrededor de 50 millones de euros”.
Ha mostrado su consideración hacia la postura de la judicatura ante la culminación de la tercera fase de la implementación de la norma. “Somos sensibles a la situación de las Salas de Gobierno y de los Tribunales de Instancia. En base a ello, admitimos flexibilidad en cuanto a la implantación en algunos partidos judiciales”, ha manifestado.
