La Guardia Civil ha liberado a un octogenario al que una red criminal asentada en Bizkaia había aislado de su familia para obligarle a ejercer la mendicidad y utilizarlo en estafas por internet que superarían los 36.000 euros. En la operación han sido detenidas 18 personas en Bizkaia y una en Burgos, mientras otras tres están siendo investigadas. Hasta el momento se han identificado 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad en numerosas provincias.
Modus operandi de la red
La investigación comenzó tras una denuncia en febrero de 2025: una persona manifestó haber sido estafada tras pagar 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro anunciado en un portal de internet, sin recibir el animal ni recuperar el dinero. Ese patrón se repitió con pequeñas cantidades iniciales y nuevos cargos encadenados, una estrategia pensada para que las víctimas continuaran abonando importes bajo la promesa de resolver trámites.
El grupo criminal, asentado en Bizkaia, publicaba anuncios de venta o adopción de animales y exigía desembolsos progresivos con distintos pretextos —vacunas, transporte, chip o jaula— mediante abonos por bizum o transferencias bancarias. Para sostener el engaño utilizaba múltiples líneas telefónicas, cuentas bancarias y documentación falsa o ajena, lo que dificultaba el rastro y fragmentaba los cobros entre diferentes titulares.
Los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, por lo que se procedió a su bloqueo judicial. Esa medida frenó la salida de fondos y permitió preservar indicios sobre el recorrido del dinero. Además, se han identificado víctimas en territorios como Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña, reflejo de un alcance nacional de los anuncios fraudulentos.
Según los investigadores, los presuntos autores destinaban parte del dinero obtenido de las estafas, junto con una fracción de las prestaciones sociales que percibían —Renta de Garantía de Ingresos e Ingreso Mínimo Vital—, a inversiones en criptomonedas valoradas en más de 55.000 euros. La Guardia Civil cifra en más de 560.000 euros las prestaciones sociales percibidas de manera indebida, un flujo que alimentaba la operativa y facilitaba el blanqueo al mezclarse con ingresos de apariencia lícita.
Tres miembros de la organización, pertenecientes a un mismo clan familiar, mantenían bajo control al octogenario liberado: lo habrían aislado de su entorno, obligado a pedir en la calle y abierto numerosas cuentas bancarias a su nombre para canalizar los cobros ilícitos. Esa explotación de una persona vulnerable permitía a la red operar con múltiples identidades operativas y ampliar su capacidad para abrir cuentas y realizar movimientos sin levantar sospechas inmediatas.
Se imputa a los detenidos los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión. Estos cargos abarcan desde el engaño reiterado a compradores hasta la explotación y control del anciano, además de la estructura organizada y el uso de identidades ajenas para ocultar beneficios.
