La representación legal del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Valencia la decisión de la jueza de Catarroja que le impide personarse en la causa que investiga la gestión de la DANA de octubre de 2024.
La instructora rechazó la solicitud de Mazón, a quien ha citado para declarar como testigo, al considerar que la figura del denominado “testigo asistido” no existe en el ordenamiento jurídico español. Frente a esa decisión, la defensa ha presentado un recurso en el que reclama poder intervenir en el procedimiento para ejercer su derecho de defensa o, en caso contrario, que se dejen sin efecto las diligencias que puedan afectarle.
La defensa alega una “anomalía procesal”
Según defiende la representación legal de Mazón, existe una “anomalía procesal relevante” por el momento en el que se elevó la exposición razonada al TSJCV. A juicio de su abogado, esa decisión se apartó del criterio que, según sostiene, habían mantenido hasta entonces tanto el propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana como la Audiencia Provincial de Valencia y la misma instructora, en el sentido de que una eventual exposición razonada debía plantearse al final de la instrucción y no en una fase intermedia.
La defensa argumenta que esta situación ha generado una contradicción: por un lado, el TSJCV se ha pronunciado, según mantiene, en el sentido de descartar responsabilidad penal de Mazón, pero por otro siguen incorporadas a la causa diligencias practicadas en primera instancia que podrían volver a utilizarse en el futuro.
Indefensión y derecho de defensa
El recurso sostiene además que esta dinámica ha provocado una situación de “seria indefensión”, ya que, según expone la defensa, se han practicado actuaciones con incidencia sobre la posición de Mazón sin que haya podido intervenir en ellas en condiciones de defensa.
Entre esas diligencias, la representación legal cita declaraciones de miembros de su equipo de comunicación, así como otras actuaciones dirigidas a conocer qué información recibió, con quién habló o qué comunicaciones mantuvo durante aquellos días. Desde esa perspectiva, el abogado del expresidente entiende que sigue existiendo un “interés legítimo y actual” para impugnar diligencias que considera ajenas al marco fijado por la Audiencia Provincial.
Dos salidas, según el recurso
La defensa sostiene que mientras la instrucción continúe abierta y exista la posibilidad de que actuaciones pasadas o futuras sirvan de base para una nueva exposición razonada, el derecho de defensa de Mazón no puede darse por extinguido.
Por ello, el recurso plantea dos posibles soluciones. La primera, que se dejen sin efecto todas las diligencias de investigación que le afecten o le hayan afectado, de modo que su posición quede limitada de forma real a la de un mero testigo. La segunda, si esas diligencias siguen vigentes o pueden reutilizarse, que se le permita personarse en la causa para defender sus derechos.
La jueza rechazó esa posibilidad al entender que la figura de “preinvestigado” solo tendría sentido si existieran indicios contra el aforado, algo que, según razonó, ya quedó descartado por el alto tribunal valenciano.
