El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado este lunes uno de sus proyectos bandera, el plan Simplifica, con el que el gobierno valenciano quiere reducir la burocracia y agilizar las inversiones en la Comunitat Valenciana. Un plan que nace con la colaboración del empresariado, colegios profesionales y el tejido social valenciano, tras 300 reuniones, y con el que se quiere dejar atrás un “modelo de administración obsoleto” y que “lápida muchos recursos”.
Para ello, el jefe del Consell ha anunciado la puesta en marcha de varias medidas, a lo largo de los próximos dos años, con el “triple objetivo” de “una mejor regulación, más clara y sencilla; menores trabas burocráticas y mayor transparencia”; y basadas en tres pilares “empresa, ciudadanos y la propia administración”.
Entre ellas, la aprobación de un decreto-ley de simplificación administrativa el próximo mes de julio con el que “se eliminarán o modificarán 28 leyes, 46 decretos, 6 ordenes y 448 artículos vigentes” que están “lastrando” la burocracia de la Comunitat Valenciana, y que afectará también a los ayuntamientos y entidades locales, que deberán aprobar un reglamento para “hacer más eficientes su procesos” y adaptarse a las “exigencias de esta ley”.
Un plan que también incluye medidas como la puesta en marcha de una Oficina de simplificación administrativa y gobierno del dato -a partir de junio-; la creación de proyectos de interés autonómico para identificar inversiones estratégicas dentro de cada conselleria y habilitar “su tramitación de forma urgente y preferente”. Los titulares de estos proyectos dispondrán de una ventanilla única de solicitud y de la posibilidad de una sola interlocución.
Igualmente, se constiuirá un Canal Empresa -a partir de septiembre- que contendrá toda la información que necesitan las empresas, pymes o autónomos como el estado de sus expedientes en tiempo real, que administración lo tiene parado o un repositorio común de todos los documentos y así que “no se pida dos veces la misma documentación”.
Sólo una declaración responsable para abrir un negocio
Otra de las novedades que ha puesto encima de la mesa Mazón ha sido es el uso de la declaración responsable “por encima de la licencia”, es decir, que a partir de junio de 2024, se podrá abrir un negocio con tan solo esta declaración. “No estarán sujetas a ningún acto previo de la administración, sea cual sea la administración. Desde el primer día se podrá abrir la persiana, comenzar la actividad y generar riqueza” ha indicado el jefe del Consell.
Así pues, se “prohibirá” requerir cualquier documentación con carácter previo, que sí que será exigible dentro del control de inspección. “Aquí seremos exigentes” ha señalado el dirigente ‘popular’, que también ha afirmado que se reforzará el sistema de control e inspección para “controlar más y mejor” y se aumentará el importe de las sanciones que podrán llegar hasta el millón de euros. “Flexibilizamos y facilitamos la actividad económica, pero quien la hace la paga. Invertimos la carta del presunto culpable al presunto inocente” ha insistido.
El plan también contempla que las entidades colaboradoras (colegios profesionales, cámaras de comercio o entidades empresariales) puedan emitir certificados o declaración responsable visada para también agilizar los procedimientos administrativos y que se pueda iniciar la actividad económica desde el primer día.
Otra de las “revoluciones” que se pondrán en marcha, tal y como pedía el empresariado, es la habilitación del “silencio positivo por defecto” en “todos los supuestos casos que permite el Estado y que incurra en el grave interés general”, ha detallado Mazón. Se reduce así a tres meses el plazo de resolución.
A través de la firma electrónica y un “simple clic” los ciudadanos también podrán acceder a una nueva carpeta ciudadana, que incluirá toda tramitación e información como su historial médico, el estado de su licencia de actividad o los permisos para reformar su casa. Un portal, que según ha indicado Mazón, su primera versión estará lista a principios de 2025.
También se habilitarán canales de atención “accesible y de calidad”, presenciales y remotos, para aquellas personas que tengan dificultades con la tecnología para que “reciban el mismo servicios vivan donde vivan” y romper con la brecha digital. Ello irá acompañado de la puesta en marcha de “la figura del funcionario habilitado” que será quien asista a este tipo de ciudadanos en todas las administraciones. Una medida que entrará en vigor este junio, aunque el canal en remoto será más tarde en diciembre de este mismo año.
Otras medidas encaminadas a mejorar la administración, cabe reseñar la creación de un registro único de documentación ciudadana para poner fin a las duplicidades y que pondrá fin “al vuelva usted mañana”, tal y como ha manifestado el president. Del mismo modo, se implementará un gestor de expedientes común y se integrará la automatización en la administración a través de la inteligencia artificial o la robotización de las tareas o los trámites para “ser más sostenibles”.
Por último, el jefe del Consell ha asegurado que este plan “no supondrá la reducción de empleo público y tendrá un coste cero” y se ha comprometido a seguir optimizando la regulación cada año para “eliminar grasa y gasto innecesario” y destinar los recursos públicos “a lo verdaderamente importante como una sanidad, educación y servicios sociales públicos”.
