Los juegos de azar, loterías y apuestas ya casi han recuperado sus cifras previas a la pandemia. Solo en 2022, cerca de 29,5 millones de personas, entre 18 y 75 años, jugaron a alguno de estos juegos en España, el 83,9% de la población adulta. Así lo refleja la encuesta de Juego y Sociedad que CeJuego, la patronal del juego privado presencial en España, ha presentado este jueves en València.
Este estudio también evidencia que el juego que más consumen los menores de 25 años son los rascas y loterías instantáneas de la ONCE, cerca de 3,4 millones de personas. A ello se suma que el 66% de la población participa en los juegos públicos como Loterías del Estado (25,7 millones de personas jugaron a la Lotería de Navidad en 2022), un 6% más que antes de la pandemia, y productos de la ONCE.
En el caso de los juegos de “entretenimiento” del sector privado que se oferta en casinos, salones de juego, bingos, apuestas deportivas la cifra se sitúa en el 17,9%, es decir, 8 millones personas participaron en alguna de estas modalidades. En estos casos, el 61% de los usuarios que juegan lo hace para “entretenerse” no para “hacerse rico” y comparan el desembolso “al precio que se paga por la entrada de un espectáculo”.
Las apuestas también han recuperado datos similares a las de 2019, sin embargo el número de personas que afirma participar en este juego es inferior y desciende hasta el 2,4%, por debajo de 2020. De hecho, desde la patronal se cree que hay una especie de “espiral del silencio” y que muchos de los usuarios no confiesan practicar esta modalidad por “la presión social e institucional” y la “discriminación y señalamiento”.
Por otro lado, desde 2013, el porcentaje de población entre 18 y 75 años que declara
jugar en máquinas “B” en bares se sitúa entre el 4% y el 5,9%, es decir, 1,4 y 2,1 millones de personas, una tendencia “al descenso, lenta y con altibajos” y una “elevada tasa al olvido”, ya que solo el 4,1% “recuerda” haber echado monedas.
Mientras que el juego online sigue creciendo entre la población adulta, aunque se mantiene en una pauta de crecimiento “lenta” y “moderada”. Alrededor de 1,5 millones de personas jugaron alguna vez, aunque sólo 650.000 lo hace regularmente, según evidencia el informe.
8.000 personas diagnosticadas con trastornos de juego
Por otra parte, según datos proporcionados por la patronal, alrededor de 8.000 personas están diagnosticadas con tratamiento por trastorno del juego, unas cifras que equivalen a un 0,02% de la población entre 18 y 75 años. “Una prevalencia menor a la que se debería a alcanzar para que una enfermedad se considere rara” manifiestan desde el sector que piden no criminalizar a todos los jugadores de azar, ya que aseguran que si juega el “el 80% de la población no todos son ludopatas” y que “estas cifras no pueden condicionar a una política que afecta a más de 45.000 puestos de trabajo”.
Aún así desde el sector del juego privado defienden que España sigue siendo uno de los cinco países con “menor tasa de juego problemático del mundo”, son un 0,3%, y que desde 1990 han descendido los problemas de ludopatía. “El informe del Ministerio de Sanidad dice que las personas que dicen tener un problema con el juego mayoritariamente lo tienen con el juego público” indica Pedro García, miembro de la Junta Directiva de CeJuego.
Del mismo modo, han ponen en valor que el sector supone un 0,76% del PIB de España y que génera cerca de 80.000 empleos directos y 170.000 indirectos. En este sentido, explican que el 40% de los ingresos de las empresas van a las arcas públicas, 1.700 millones de euros entre tasas especiales e impuesto, y que ello supone “18.412 trasplantes de corazón, 29.951 trasplantes de riñón, 1.000 estancias en hospitales de las redes públicas, o el mantenimiento de 9.660 km de autopistas”.
Indemnizaciones millonarias
Por otro lado, han denunciado que los “efectos perniciosos” de la ley del juego aprobada la pasada legislatura en la Comunitat que “podría desembocar en el cierre masivo de más de 450 locales y en el pago de cientos de indemnizaciones a costa de las arcas regionales”, alrededor de 400 millones, según los datos proporcionados por el sector.
El director general de CeJuego, Alejandro Landaluce, aseguró que el sector se muestra “muy preocupado” ante la Ley y que esta ha supuesto “un antes y un después en la industria del juego valenciana y no precisamente para bien”, ya que la norma ““no regula el juego, sino que en la práctica lo prohíbe” y “no previene la ludopatía, sino que la fomenta”.
“Estamos hoy aquí para tratar de conseguir que esto cambie, ya que, si el TSJCV nos da la razón, la Generalitat podría llegar a tener que indemnizar a las empresas del sector con 800.000 euros por cada establecimiento cerrado, unos 360 millones de euros en total que saldrían de las arcas autonómicas” ha indicado Landaluce, que también ha afirmado que “el propio tribunal duda de si la Ley contraviene los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y ha elevado una aclaración al respecto a la justicia europeo”.
