El Consell está analizando la propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda, que asigna 3.667 millones de euros adicionales a la Comunitat Valenciana. De entrada, el Gobierno valenciano ha identificado tres ausencias que considera “gravísimas” y ha criticado las formas en las que se ha negociado el modelo.
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha señalado que el Ejecutivo autonómico está examinando en profundidad el contenido de la propuesta antes de fijar una posición definitiva. Según ha explicado, ese análisis permitirá conocer con detalle cómo se calculan los recursos, qué criterios se aplican y qué impacto real tendría el nuevo modelo sobre los servicios públicos esenciales.
En este contexto, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha ratificado la unidad entre sindicatos, patronal y Consell para reclamar conjuntamente un modelo de financiación que incluya el Fondo de Nivelación Autonómica. Pérez Llorca ha afirmado que la propuesta “no se ha planteado de la manera correcta porque no ha habido negociación entre los presidentes autonómicos en el órgano correspondiente que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, y ha avanzado que el Gobierno valenciano “valorará y estudiará la propuesta”.
Tres ausencias clave y la exigencia de un fondo de nivelación
El Consell ha puesto el foco en tres elementos que considera imprescindibles y que, según sostiene, no aparecen recogidos en la propuesta del Gobierno. El primero es la compensación por la dependencia, recordando que el Estado debe asumir el 50 % del coste de este servicio. El Ejecutivo valenciano exige que ese compromiso se refleje de forma expresa en el nuevo sistema.
El segundo punto crítico se refiere al sobrecoste sanitario derivado de la atención a población desplazada, que el Consell estima en torno a 1.000 millones de euros. Se trata de personas que no son residentes habituales pero que reciben atención sanitaria en la Comunitat por motivos laborales, educativos o turísticos, un factor que, según el Gobierno valenciano, distorsiona la financiación por habitante ajustado.
La tercera objeción es de carácter temporal. El Consell critica que el nuevo sistema no entre en vigor de manera inmediata y, mientras eso no ocurra, reclama la aprobación urgente de un fondo de nivelación que permita situar a la Comunitat Valenciana al mismo nivel de financiación que el resto de autonomías. Esta petición, ha recordado Barrachina, ya fue trasladada por Pérez Llorca al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una reunión en la Moncloa.
En esta misma línea, el president ha advertido de que el modelo “no se pondrá en marcha hasta 2027”, por lo que ha considerado imprescindible que incluya “de forma inmediata el Fondo de Nivelación Autonómica porque necesitamos esa financiación para garantizar la sanidad, educación y políticas sociales que merecen todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”. Además, ha señalado que la nueva financiación “tiene que resolver la deuda que el Gobierno de España tiene con la Generalitat en materia de dependencia y que ronda los 4.000 millones de euros, así como los 1.000 millones que se nos deben en gasto sanitario de desplazados de otras comunidades autónomas”.
“Lo importante no es que nos den más, sino que sean justos y que estemos en la media, cosa que no ha pasado nunca”, ha añadido Pérez Llorca, quien ha subrayado que “la Comunitat Valenciana no estará a favor de apoyar nada que no incluya estas tres reivindicaciones”.
El reparto del aumento de financiación propuesto por Hacienda
Según los datos del Ministerio de Hacienda, Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana serían las comunidades que más mejorarían su financiación con el nuevo modelo, concentrando el 60 % del incremento total previsto para las autonomías de régimen común. El refuerzo global ascendería a 20.975 millones de euros, una cifra que todavía debe ser negociada con las comunidades, aprobada por el Consejo de Ministros y respaldada por el Congreso.
En términos absolutos, Andalucía recibiría 4.846 millones, Cataluña 4.686 millones y la Comunitat Valenciana 3.669 millones, un reparto que el Gobierno atribuye principalmente al peso poblacional de estos territorios y a la presión sobre servicios como sanidad, educación y dependencia.
Por detrás se situarían Madrid (2.555 millones), Castilla-La Mancha (1.248 millones) y Murcia (1.188 millones), seguidas de Aragón (629 millones) y Canarias (611 millones). Galicia obtendría 587 millones, Baleares 412 millones, Castilla y León 271 millones, Asturias 248 millones y La Rioja 25 millones.
En el caso de Cantabria y Extremadura, ambas perderían recursos con el nuevo cálculo, aunque el Gobierno plantea reformular el Fondo de Compensación Interterritorial para crear un tramo específico que mantenga su statu quo, con asignaciones de 46 y 216 millones, respectivamente.
La posición del Gobierno y la defensa del nuevo modelo
A estas críticas del Consell se ha sumado la valoración pública de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha defendido el nuevo modelo presentado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Bernabé ha subrayado que la reforma permitirá que en 2027 las comunidades reciban 20.975 millones de euros más de lo que obtendrían si se mantuviera el modelo vigente, de los cuales 3.670 millones corresponderían a la Comunitat Valenciana.
En su intervención, ha asegurado que “el Gobierno, con este nuevo modelo, corrige la histórica infrafinanciación sufrida por esta comunidad autónoma” y ha destacado que la Comunitat es “una de las comunidades que más incrementa porcentualmente sus recursos con el nuevo modelo, casi un 18 % más respecto a los recursos que recibiría en 2027 con el modelo vigente”.
La delegada del Gobierno ha afirmado además que “este modelo demuestra que el Gobierno de España está ocupado y preocupado por brindar el Estado del bienestar” y ha señalado que “hoy es un gran día para que los valencianos y las valencianas le exijamos al president de la Generalitat que apoye este sistema, este modelo y esta reforma”.
Bases y principios del nuevo sistema
Según ha explicado Bernabé, el nuevo modelo incorpora nuevos criterios de reparto y mejoras metodológicas basadas en varios principios que el Ejecutivo considera prioritarios. Entre ellos, ha destacado la inclusión de una nueva propuesta de población ajustada, el incremento de la capacidad tributaria y el refuerzo de la solidaridad interterritorial.
El modelo prevé también una aportación adicional del Estado para garantizar la nivelación vertical, permite que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en su territorio e incorpora un fondo específico para afrontar el desafío del cambio climático. Además, garantiza el statu quo, de modo que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el sistema anterior, e incluye un mecanismo complementario de financiación.
Nuevos criterios de población ajustada y nivelación
El reparto de los recursos se basará en variables demográficas, socioeconómicas y geográficas. La población padrón supondrá el 30 % de la ponderación, mientras que la población protegida equivalente servirá para representar el gasto sanitario. En educación, se tendrá en cuenta la población de 0 a 17 años, con una ponderación del 17 %, además de nuevos criterios como los jóvenes de 18 a 24 años y los estudiantes universitarios que se desplazan a otras comunidades.
En servicios sociales, el sistema distinguirá entre población de 65 a 79 años y mayores de 80, e incorporará el número de parados sin prestación como indicador de pobreza y exclusión social.
En materia de nivelación horizontal, el Gobierno plantea garantizar que todas las comunidades alcancen al menos el 75 % de la media de recursos por habitante ajustado, mientras que la nivelación vertical contará con una aportación estatal de 19.000 millones de euros para reducir en dos tercios la distancia respecto a la comunidad con mayor financiación, que actualmente es Madrid.
Críticas a las formas y al pacto con ERC
Más allá del contenido técnico, el Consell ha cargado duramente contra la forma en la que se ha articulado la propuesta. Barrachina ha afirmado que “no han podido ser más impresentables” y ha denunciado que el modelo se haya pactado de forma “unilateral” con “un separatista condenado a 13 años de prisión por malversación y sedición”, en referencia a ERC.
A su juicio, la financiación autonómica debe ser “acordada por todos” y no por formaciones que “no forman parte de ningún gobierno autonómico de España”. Además, ha lamentado que la reforma llegue siete años tarde para la Comunitat Valenciana y para Les Corts, recordando que en su momento hubo partidos que amenazaron con abandonar el Consell si no se aprobaba un nuevo sistema en un plazo de ocho meses.
Según el Ejecutivo valenciano, este retraso ha prolongado la situación de infrafinanciación crónica y ha obligado a la Generalitat a depender de medidas transitorias para sostener los servicios públicos.
Fiscalidad, autonomía y política exterior
Asimismo, Pérez Llorca ha reprochado que el Ejecutivo central “vaya a subir los impuestos a todos los españoles para poder poner en marcha este nuevo sistema financiero” y ha manifestado su preocupación por “cierta intervención del Estado en la política fiscal de las comunidades autónomas que invade nuestra autonomía, cuando nosotros tomamos nuestras decisiones en base a lo que marca la Constitución”.
En este sentido, ha recordado que “la Comunitat Valenciana lleva siendo la peor financiada desde hace muchos años”, por lo que ha defendido que “es de ley y de justicia que se resuelva esta cuestión sin ninguna condición”.
En otro orden de asuntos, Barrachina ha criticado lo que considera una política contradictoria del Gobierno central en materia de inversiones hidráulicas. Preguntado por el interés de España en acompañar los planes de inversión de Marruecos en infraestructuras, ha afirmado que el presidente del Gobierno es “generoso” con Marruecos o Portugal mientras “castiga” a los agricultores valencianos, murcianos y andaluces “hurtando el trasvase Tajo-Segura”.
El portavoz del Consell ha calificado de “una hipocresía estratosférica” que, según ha señalado, se financien trasvases en otros países mientras se recortan en España.
