El Pleno del Ayuntamiento de València se ha comprometido este martes a ampliar los fondos destinados a las ayudas al alquiler con el objetivo de incluir a todas las personas que cumplen los requisitos. Estas personas habían quedado fuera del programa por agotamiento del crédito disponible. Además, la corporación ha acordado impulsar las actuaciones necesarias desde el Servicio de Vivienda para reconocer la condición de beneficiarias a las personas solicitantes. Se trata de quienes cumplen los requisitos de la Convocatoria de Ayudas Municipales al Alquiler 2025-2026. Sin embargo, no han podido acceder a las ayudas correspondientes al ejercicio 2025.
El acuerdo aprobado recoge también la voluntad del Pleno de “reafirmar el compromiso y continuar trabajando con el desarrollo del Plan + Vivienda impulsado por el Ayuntamiento de València, así como las nuevas medidas en materia de vivienda”. Este paquete fue presentado recientemente por la alcaldesa.
La iniciativa se ha debatido a partir de una moción presentada por el Grupo Municipal Compromís. Ha contado con el respaldo del Grupo Municipal Socialista. Además, finalmente ha sido sustituida por una moción alternativa del equipo de gobierno, aprobada con los votos de PP y Vox. Hubo la abstención de Compromís y el voto en contra del grupo Socialista.
La situación de las ayudas al alquiler
Antes del debate plenario ha intervenido José Luis González Meseguer, representante de la Associació de Veïnes i Veïns de la Torre, quien ha lamentado la situación de “las 500 familias cuyas solicitudes han sido excluidas por agotamiento del crédito presupuestario”. El portavoz vecinal ha subrayado “la necesidad de que el Ayuntamiento amplíe de forma urgente el crédito necesario para atender las solicitudes de estas familias, que cumplen los requisitos y han sido excluidas”. Además, ha precisado que las familias mencionadas representan el 30,57% del total. Asimismo, ha reclamado “que esta situación se tenga en cuenta en el próximo presupuesto”.
Durante el debate, el concejal de Compromís Ferran Puchades ha defendido la necesidad de crear “un marco regulador que proporcione protección y regulación” en materia de vivienda y alquiler. También ha criticado que el gobierno local haya mantenido “un importe congelado, el mismo que hace tres años” en las ayudas. Según ha señalado, “los resultados son claros y meridianos: ha habido menos solicitantes que el año anterior, hay menos beneficiarios que el año anterior y los excluidos por falta de crédito se han duplicado: de 260 a 550”.
Por su parte, la concejala socialista Maite Ibáñez ha acusado al ejecutivo municipal de “entregar suelo público para vivienda a constructoras a cambio de unas pocas viviendas”. Además, ha afirmado que estas permutas han supuesto la pérdida de suelo equivalente a más de 530 viviendas públicas. Finalmente, ha instado al gobierno local a “aplicar la Ley estatal de vivienda, que permite controlar los precios de alquiler”.
La respuesta del equipo de gobierno
El concejal de Urbanismo y Vivienda ha rechazado las críticas de la oposición y ha defendido la gestión realizada durante el mandato. Según ha afirmado, “en 2023 adquirimos el compromiso de impulsar 1.000 VPP en esta legislatura y hoy, dos años y medio después, podemos demostrar la diferencia entre quien promete y quien cumple”.
El edil ha destacado que el Ayuntamiento ha multiplicado por 11 la inversión en vivienda. Anteriormente era de 5,5 millones de euros en ocho años de gobiernos de izquierda. Sin embargo, ha pasado a más de 60 millones en dos años y medio. Además, ha señalado que se ha multiplicado por más de 30 el parque público, con la incorporación de 446 nuevas viviendas. Igualmente, se han cuadruplicado las adjudicaciones. Así, ya alcanzan a 160 familias y jóvenes. Finalmente, ha indicado que se han reducido en un 70% los tiempos de tramitación de licencias cuando se destinan a vivienda.
Según ha concluido, València tiene actualmente 1.000 viviendas públicas en marcha, con el 45% del Programa + Vivienda en ejecución.
Otros debates del Pleno
Debate sobre el uso del Derecho Penal
En la misma sesión, el Pleno ha aprobado una moción que manifiesta “la preocupación por el uso del Derecho Penal en conflictos políticos entre miembros de la Corporación”. Asimismo, en ella los concejales/as se comprometen a “actuar con responsabilidad institucional” y a “promover espacios de mediación, diálogo y resolución interna de conflictos”. La propuesta ha salido adelante con el voto favorable del equipo de gobierno y el rechazo de la oposición.
La moción aprobada ha sido alternativa a las presentadas inicialmente por los grupos Socialista y Compromís, que solicitaban el cese de la concejala de Vox Cecilia Herrero, para quien la Fiscalía solicita pena de prisión por delitos de odio. La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha afirmado que “ser racista no se puede soportar”. Además, el portavoz socialista Borja Sanjuán ha defendido que “una persona a la que se le piden tres años de prisión no puede ser concejala del Ayuntamiento de València”.
Debate sobre la financiación autonómica
El Pleno también ha abordado la propuesta del Gobierno de España para un nuevo modelo de financiación autonómica, a partir de una moción conjunta del PSPV-PSOE y Compromís. Dicha moción ha sido rechazada por la mayoría del gobierno municipal. La iniciativa planteaba respaldar la propuesta estatal e instar a incluir la condonación de la deuda asumida por la Generalitat Valenciana como consecuencia de la infrafinanciación.
El portavoz socialista Borja Sanjuán ha defendido la propuesta recordando el acuerdo alcanzado en el Pacto por la Financiación durante la legislatura pasada. Por otra parte, la concejala de Compromís Eva Coscollá ha denunciado una “infrafinanciación estructural histórica” que condiciona la prestación de servicios públicos.
Desde Vox, Vicente Gosálbez ha rechazado la iniciativa y ha criticado el modelo autonómico. Además, el portavoz del grupo Popular Juan Carlos Caballero ha argumentado que la propuesta “no garantiza la suficiencia financiera” ni corrige la infrafinanciación estructural. Para concluir, ha reclamado un modelo que tenga en cuenta también a los ayuntamientos.
