El Pleno del Ayuntamiento de València ha rechazado este lunes la moción presentada por los grupos Socialista y Compromís para reactivar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Durante el debate, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha recordado que ya no existe plazo para tramitar una nueva ordenanza y ha señalado que “si València no tiene ordenanza es porque ni la oposición ni Vox la aprobaron”.
Antes de la votación han intervenido representantes vecinales y entidades ciudadanas. María Soledad Ramírez, de Cuidem La Raïosa, ha defendido “una zona de bajas emisiones de máximos para cuidar la calidad del aire” y ha subrayado que “no se trata de ir contra el coche sino a favor de la salud pública”. Ha reclamado más espacios verdes y un bulevar García Lorca “que no sea una autopista, que sea un corredor verde”.
Por parte de Mesura-València per l’Aire, Jose Manuel Felisi ha anunciado que denunciarán al Ayuntamiento ante instancias europeas en caso de inacción y ha cuestionado “qué modelo de ciudad queremos”, recordando que “todos tenemos que hacer esfuerzos para reducir el tráfico”.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María José Broseta, ha pedido “un acuerdo entre gobierno y oposición porque está en juego la salud de las personas” y ha reclamado “diálogo, acuerdos y flexibilidad”.
Choque político sobre la ordenanza y el futuro de la ZBE
Carbonell ha calificado la moción como “buscar el lío político” y un “brindis al sol”, y ha defendido que el equipo de gobierno “no tendrá mayoría, pero sí responsabilidad”, recordando que han presentado “tres propuestas” sin lograr un acuerdo porque la oposición “ha añadido progresivamente nuevas peticiones”.
La portavoz socialista, María Pérez, ha denunciado “la negativa del equipo de gobierno a negociar” y ha advertido que “el 40 % de los barrios ya superan los niveles normales”. Ha alertado de que la inacción “pone en riesgo 150 millones de euros en ayudas de Europa” y ha pedido “no convertir en ideología lo que es ciencia”.
La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha afirmado que València ha pasado “de Capital Verde a la más gris de Europa” y ha criticado que el gobierno “culpa a todos antes de asumir sus responsabilidades”. Ha defendido que la propuesta presentada “reduce la contaminación, mejora la salud y apuesta por aparcamientos para residentes”.
El portavoz de Vox, José Gosálbez, ha expresado su rechazo a las restricciones al tráfico, asegurando que “esto no va de ecología, va de control” y que “Bruselas solo pide calidad del aire y no una ZBE”. Ha añadido que “las familias serán las más perjudicadas” y ha reivindicado “libertad para decidir cuándo cambiar el coche”.
La moción ha sido finalmente rechazada con 16 votos en contra (PP y Vox) y 15 a favor (Compromís y PSPV).
Estudio sobre bonificaciones en la tasa de residuos
El Pleno ha aprobado solicitar al personal técnico municipal un estudio de viabilidad jurídica, técnica y económica para introducir bonificaciones en la tasa de residuos de 2026. También ha acordado instar al Gobierno central a modificar la Ley 7/2022, que “restringe muy cualitativamente y cuantitativamente el establecimiento de beneficios fiscales”.
El concejal de Limpieza, Carlos Mundina, ha señalado que la planificación municipal ya prevé bonificaciones para familias numerosas, hogares en situaciones de vulnerabilidad y usuarios de ecoparques y del sistema puerta a puerta. Ha recordado que se han destinado 270.000 euros a formación ambiental y 400.000 euros a campañas de sensibilización.
Los portavoces de Compromís y PSPV, Sergi Campillo y Javier Mateo, han criticado la tasa prevista y han reclamado incentivos vinculados a la correcta separación de residuos.
Debate sobre acceso a la vivienda y zona tensionada
La sesión también ha abordado el acceso a la vivienda a raíz de una propuesta de Compromís para declarar València zona de mercado residencial tensionado. Diversas asociaciones han defendido que esta medida es necesaria para controlar los precios del alquiler y proteger a colectivos vulnerables.
El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha argumentado el rechazo del gobierno municipal citando informes del Parlamento Europeo, el Banco de España y la Universidad Politècnica de València, que apuntan a que las limitaciones “reducen la oferta” y provocan “hasta un 20 % menos de viviendas en el mercado”, señalando ejemplos como Barcelona, Berlín, París o Estocolmo.
La moción ha sido rechazada con la misma votación: 16 votos en contra y 15 a favor.
