El PP ha acusado a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de ser responsable político de las muertes del barranco del Poyo durante la DANA de octubre de 2024. El senador popular Luis Santamaría ha abierto el turno de la comisión con esa imputación, que ha dirigido a Polo y no al personal técnico de la CHJ, al que ha descrito como magnífico. Ha sostenido que 206 personas perdieron la vida y que el presidente de la CHJ pudo hacer más, reprochándole además que la información sobre el desbordamiento no fuera oficial ni emitida personalmente por él.
La comparecencia ha tenido lugar en la decimonovena sesión de la comisión de investigación en el Senado, donde el PP tiene mayoría. El intercambio ha girado en torno a tres ejes: la calidad y autoría de la información remitida a las autoridades de emergencia, la interpretación de esos datos en tiempo real y el impacto de las grandes obras hidráulicas que, según el PP, habrían mitigado la catástrofe.
Choque por la gestión y las obras
Polo ha replicado que la CHJ ha puesto toda la información a disposición de Emergencias en todo momento y ha señalado que, el 29 de octubre de 2024, quien dirigía el Cecopi no tenía claro lo que gestionaba. Ha añadido que muchas víctimas podrían haberse salvado si se les hubiera avisado. En esa línea, ha asegurado que pidió en dos ocasiones a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que enviara un aviso a la población: primero al conocer que no se iba a evacuar y, después, para recomendar que se subiera a los pisos altos.
Santamaría ha mantenido que, si las grandes obras hidrográficas hubieran estado ejecutadas, no habría sido necesario emitir avisos. Ha acusado al Gobierno central de priorizar obras blandas de perfil medioambiental que favorecen el libre discurrir de los ríos, y ha reclamado obras y cauces monitorizados. Polo ha respondido que para ejecutar una obra se necesita un proyecto aprobado y que los principales proyectos se habían quedado paralizados y hubo que reactivarlos, en alusión a etapas previas de gobierno.
El técnico compareciente ha recordado que anteriores participantes en la comisión han sostenido que los sensores para medir crecidas eran suficientes. También ha subrayado que, desde 2015, los agentes medioambientales están considerados servicios de intervención y que quien fija su procedimiento es quien dirige la emergencia. A su juicio, si no se aclara el marco competencial y qué actor no cumplió su función, la comisión puede trabajar durante años sin una conclusión útil.
Disputa política y protocolos de aviso
El senador de Vox Fernando Carbonell ha planteado que el problema esencial ha sido cómo se priorizó y comunicó la información crítica. Polo lo ha negado y ha reiterado que informó a Emergencias como es habitual, dando por hecho que, si existe un protocolo de gestión, se sigue. Ha remarcado que ahora se sabe que la información no se supo interpretar o que nadie la consultó a tiempo.
La senadora socialista Cristina Moreno ha acusado al PP de construir un universo paralelo sobre la DANA y ha avisado de que sus conclusiones no tendrán nada que ver con la realidad. Ha defendido que los avisos se enviaron como correspondía y que los sensores estaban ubicados donde eran útiles. Además, ha criticado que la comisión no ha buscado la verdad y ha instado al grupo popular a citar al expresident Carlos Mazón.
Polo ha rechazado que existiera un vacío informativo y ha pedido que no se le convierta en chivo expiatorio: ha afirmado que no va de víctima y que las víctimas son otras. La sesión ha dejado dos lecturas contrapuestas: o faltaron infraestructuras y monitorización suficientes que hubieran reducido el riesgo desde el origen, o falló la cadena de interpretación y decisión durante la emergencia. Con las posiciones aún enconadas, las conclusiones de la comisión siguen abiertas y condicionadas a clarificar competencias y protocolos.
