La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el sobreseimiento libre de la causa penal abierta por la gestión de la DANA que instruye el juzgado de Catarroja, en la que figura como imputada. La solicitud persigue cerrar el procedimiento al considerar que los hechos investigados no encajan en el ámbito penal.
En un escrito presentado ante el alto tribunal valenciano, la representación de Pradas se ha posicionado tras la consulta elevada por la jueza instructora sobre la posibilidad de abrir una investigación penal al expresident de la Generalitat Carlos Mazón.
Competencia del TSJCV y naturaleza del asunto
De forma subsidiaria, la defensa expone que, si se aprecian indicios para investigar a Mazón, sea el TSJCV el que asuma sin más dilación toda la causa, de manera que el procedimiento quede bajo una única competencia.
El letrado de Pradas sostiene que los hechos tienen naturaleza administrativa y no penal, por lo que considera que procede clausurar el proceso y encauzarlo, en su caso, por la jurisdicción contencioso-administrativa, que revisa la legalidad de las decisiones de la Administración y sus eventuales irregularidades.
‘No es suficiente ocupar un puesto de responsabilidad máxima‘
Asimismo, subraya que ‘no es suficiente ocupar un puesto de responsabilidad máxima‘ para atribuir responsabilidad por omisión. A su juicio, para que exista esa imputación ‘es precisa la posición de garantía prevista por una norma y que lo que la norma prevea que debe hacer sea una acción que evite el daño que se ha producido’.
Con ese marco argumental, la representación de Pradas solicita que la vía penal se archive cuanto antes y que cualquier debate sobre la gestión de la dana se dirima en el orden contencioso-administrativo, y que, en su caso, sea el propio TSJCV quien centralice el procedimiento si se abre investigación sobre Mazón.
