La comunidad de propietarios del edificio incendiado en el barrio valenciano de Campanar en febrero de 2024, donde murieron 10 personas y más de un centenar de familias perdieron sus hogares, ha pedido formalmente la reapertura de la causa judicial.
La solicitud se apoya en un nuevo informe pericial que cuestiona de raíz la investigación que llevó al archivo provisional del procedimiento.
La causa fue archivada después de que el juzgado de Instrucción 9 no apreciara indicios de delito, decisión que posteriormente confirmó la Audiencia Provincial en julio.
Con aquel archivo se entendía que, con los datos técnicos y jurídicos disponibles en ese momento, no existían responsabilidades penales claras derivadas del diseño o los materiales del edificio.
Nueva pericial
Sin embargo, la nueva pericial aportada por la comunidad de propietarios y por varios letrados que representan a víctimas mortales plantea que la decisión de sobreseimiento se habría apoyado en una normativa incorrecta y en una clasificación errónea del material de la fachada. De ser así, quedaría en duda la solidez jurídica del archivo y se abriría la puerta a revisar las conclusiones sobre la seguridad del inmueble.
Cuestionamiento de la normativa y de la seguridad de la fachada
El equipo jurídico encabezado por el abogado Guillermo Arago, junto con los también letrados Ignacio Grau, Miguel Ferrer y Juan Carlos Navarro, sostiene en su escrito que se cometieron errores técnicos y legales durante la instrucción. Según alegan, la normativa aplicada no era la vigente cuando se concedió la licencia de obras del edificio, por lo que la evaluación de cumplimiento de la seguridad contra incendios podría haberse hecho con criterios desfasados.
De acuerdo con lo que expone el informe pericial, la resolución de sobreseimiento se basó en una base técnica y normativa incorrecta, lo que habría generado una apariencia de cumplimiento legal que no se ajustaría a la realidad de los hechos. En este contexto, se indica que debía haberse aplicado el Real Decreto 312/2005 en lugar de la normativa anterior, un matiz que puede resultar determinante en la clasificación de los materiales de construcción y su reacción al fuego.
El informe también cuestiona con firmeza la validez de la documentación utilizada para justificar la reacción al fuego del material de la fachada.
La perito independiente contratada por la comunidad de propietarios concluye que el supuesto certificado de seguridad no puede considerarse un documento con validez legal y que, además, estaba caducado en el momento relevante. No consta, según la pericial, la existencia de ensayos posteriores que acrediten que el material cumplía la normativa aplicable cuando fue suministrado e instalado.
Discrepancia detectada
Otro aspecto que se destaca es la discrepancia detectada entre el material que, según la documentación, habría sido suministrado para revestir la fachada y el que se analizó tras el incendio. Esta diferencia introduce dudas sobre la trazabilidad del producto y sobre sus características reales, lo que complica la evaluación de su comportamiento frente al fuego y plantea interrogantes sobre el control del proceso de construcción.
La pericial subraya que la reacción al fuego del material de la fachada fue un elemento determinante en la evolución del incendio. Según este análisis, ese revestimiento habría favorecido una propagación especialmente rápida de las llamas y la generación de humos densos y toxicos, factores que dificultaron de manera grave la evacuación de los residentes y la intervención de los servicios de emergencia en un escenario ya de por sí crítico.
Punto de vista jurídico
Desde el punto de vista jurídico, Arago recuerda que el sobreseimiento provisional no cierra el procedimiento de forma definitiva, sino que permite su revisión cuando aparecen nuevos elementos relevantes. En este caso, sostienen que el informe pericial incorpora datos técnicos que no fueron valorados anteriormente y pone de manifiesto errores estructurales en la base de la resolución judicial que archivó las diligencias.
Por todo ello, la comunidad de propietarios y los letrados que representan a varias victimas solicitan reabrir la causa para practicar nuevas diligencias. Entre las actuaciones que reclaman figuran la ratificación en sede judicial de la perito autora del informe, la aportación de la documentación original sobre los materiales y certificados del edificio y la realización de nuevos analisis tecnicos independientes. Con estas pruebas pretenden aclarar con mayor rigor qué papel jugó la fachada en la tragedia y si se vulneró la normativa de seguridad contra incendios vigente en el momento de la construccion.
