El PSPV propondrá que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) emita un informe sobre la legalidad de las cinco proposiciones de ley registradas por los socios de gobierno en la Generalitat (PP-Vox), al considerar que suponen “un retroceso en derechos y libertades de los valencianos”. Para hacerlo pedirá el apoyo de Compromís, dado que es necesaria la firma de dos grupos.
Así lo anuncia su síndic en Les Corts, José Muñoz, en declaraciones remitidas a los medios, sobre las cinco leyes registradas por PP y Vox el pasado jueves por la tarde: “libertad educativa” para derogar la de plurilingüismo, “concordia” para derogar la de memoria democrática, nueva ley de À Punt, reformas en transparencia e incompatibilidades de altos cargos y cambios en la Agencia Valenciana Antifraude –esta última presentada solo por el PP–.
Ahora bien, como el reglamento de Les Corts establece que dos grupos parlamentarios deben solicitar este informe del CJC, los socialistas pedirán el apoyo de Compromís para hacerlo.
Este mismo lunes, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha anunciado una ofensiva parlamentaria, judicial y ciudadana contra las leyes y se ha abierto a dialogar con el PSPV para unir posturas.
Por su parte, la nueva líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asegurado que el Gobierno está estudiando las cinco proposiciones de ley para y ha alertado que las de “libertad educativa” y “concordia” podrían “confrontar con el marco constitucional” y, por tanto, se valorará recurrirlas al Tribunal Constitucional (TC).