El PSPV-PSOE pedirá la creación de una comisión de investigación en la Diputación de Valencia para aclarar las condiciones en que se produjo la contratación de la esposa del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por parte de la institución provincial.
La dirección socialista considera que la forma en que se ha cubierto esa plaza genera dudas políticas y reclama transparencia sobre el procedimiento seguido, los cambios normativos aplicados y las razones esgrimidas para justificar su urgencia.
Necesidad de facilitar la conciliación con su pareja
La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, explicó que la plaza que ahora ocupa la pareja de Pérez Llorca en la Diputación de Valencia salió para ser cubierta por extremada urgencia.
Según su relato, el propio president habría justificado esa urgencia en la necesidad de facilitar la conciliación con su pareja. Morant sostiene que este argumento no encaja con los supuestos habituales que permiten tramitar una contratación por vía urgente, que suelen responder a necesidades inaplazables de la administración y no a situaciones personales.
Modificación de la normativa
Morant también subrayó que, a su juicio, se ha modificado la normativa para poder ofrecer un puesto de alta dirección a una persona externa a la Diputación de Valencia. Es decir, se habría abierto la puerta a que alguien que no formaba parte de la estructura de la institución provincial accediera directamente a un cargo de máxima responsabilidad. Desde la óptica socialista, este tipo de cambios requiere un escrutinio especialmente riguroso, porque afectan a cómo se accede a puestos clave en la administración y a las garantías de igualdad de oportunidades.
Según la dirigente socialista, la remuneración ligada a ese puesto es un sueldazo que dobla el salario que la afectada percibía como funcionaria del Ayuntamiento de Finestrat. Para el PSPV, este salto retributivo refuerza la necesidad de aclarar si el procedimiento ha sido el adecuado y si la creación y cobertura de la plaza responden a necesidades objetivas del servicio público o a decisiones políticas diseñadas a medida. Morant concluyó que, en este caso, las administraciones públicas están al servicio del Partido Popular, en lugar de situarse al servicio del interés general.
Polémica por las palabras de la vicepresidenta del Consell
Diana Morant se refirió además a las declaraciones de la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, en el pleno de Les Corts. Camarero afirmó que el Gobierno esté lleno de prostitutas, que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a las prostitutas, unas palabras que generaron un fuerte revuelo político y social y por las que posteriormente pidió perdón. Para los socialistas, este episodio refleja un clima de confrontación verbal que se ha ido intensificando en el debate político.
Morant aseguró que su partido no va a dejar de denunciar y señalar lo que, a su juicio, hace mal el Ejecutivo autonómico, aunque eso les cueste los insultos de la vicepresidenta. Calificó esas declaraciones de intolerables y defendió que la crítica política debe mantenerse en los límites del respeto institucional y personal. A su entender, expresiones de ese tipo deterioran la imagen de las instituciones y desvían la atención de los problemas reales de la ciudadanía, como la gestión de los recursos públicos y la transparencia en la administración.
