La Generalitat valora positivamente la reducción de ratios de alumnado por aula que contempla el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno en la Conferencia Sectorial de Educación, aunque reclama al Ejecutivo central una financiación suficiente para poder aplicar estas medidas.
Así lo ha manifestado la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, tras la reunión celebrada este viernes en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con los responsables autonómicos del área.
Durante el encuentro se han abordado distintas propuestas incluidas en el anteproyecto de ley que modifica la Ley 4/2019 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, entre ellas la reducción de las ratios en las aulas y de las horas lectivas del profesorado.
Ortí ha señalado que, aunque la Generalitat comparte el objetivo de mejorar las condiciones del profesorado y la atención al alumnado, la reducción de ratios supondría para la Comunitat Valenciana un gasto aproximado de 779,9 millones de euros, ya que implicaría medidas como la contratación de personal y la adecuación de infraestructuras, una inversión que considera “totalmente inasumible sin financiación del Gobierno central”.
En este sentido, la consellera ha subrayado que, si estas medidas se convierten en normativa básica estatal, “deberán ir acompañadas de la correspondiente financiación para garantizar la prestación del servicio público educativo”, ya que el anteproyecto actualmente no incorpora memoria económica.
Asimismo, ha recordado que algunas de las propuestas planteadas por el Ministerio ya están implantadas en la Comunitat Valenciana y recogidas en el Decreto 58/2021 del Consell, como la jornada lectiva del profesorado. Desde el curso 2021-2022, el profesorado de secundaria imparte 18 horas lectivas semanales, mientras que el personal docente del cuerpo de maestros tiene una jornada de 23 horas.
Auxilares de Conversación
Durante la reunión, la consellera también ha trasladado al Ministerio la preocupación de la Generalitat por la situación del programa de auxiliares de conversación en lengua extranjera.
Ortí ha advertido de que la descoordinación entre los ministerios de Educación y Trabajo está generando un escenario de inseguridad jurídica que pone en riesgo la continuidad del programa.
En este sentido, ha recordado que la Generalitat financia actualmente cerca de 1.400 auxiliares de conversación, sin que en los acuerdos firmados con el Ministerio esté contemplado el pago de cuotas a la Seguridad Social, por lo que ha reclamado al Gobierno de España que clarifique las condiciones del programa para garantizar su viabilidad y evitar perjuicios al alumnado.
