La operación “FRANCISKAN-EVEREST” ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir migrantes en situación irregular y explotarlos laboralmente en ocho provincias. Entre ellas se encuentran València, junto a Alicante y Castellón. La intervención conjunta ha concluido con la detención de 11 personas, la investigación de 2 más y la asistencia a 322 extranjeros, de los que 294 carecían de situación regular.
La organización captaba a personas que entraban en el espacio Schengen con visados de turista. Luego las trasladaba a distintos puntos de España. Una de las ramas de la red operaba desde Villalgordo del Júcar (Albacete), donde alojaba a los migrantes en condiciones inhumanas. Ellos estaban hacinados sobre colchones en el suelo, con escasa ventilación, pocos aseos y sin condiciones mínimas de higiene. Desde allí eran enviados a explotaciones agrícolas en varias provincias, incluida València.
Los trabajadores realizaban jornadas que alcanzaban las 12 horas. Además, debían asumir comisiones abusivas por transporte, comida o alojamiento. En numerosos casos, no recibían remuneración monetaria, limitándose a una dieta básica. Los desplazamientos se realizaban en vehículos que no siempre cumplían las normas de seguridad. Esto provocó varios accidentes de circulación, uno de ellos con resultado mortal, afectando a un trabajador de origen nepalí.
Nueve registros
En la fase final de la investigación se practicaron nueve registros. Esto permitió intervenir dinero en efectivo, documentación fraudulenta, talonarios, cheques, teléfonos móviles, material informático, facturas, partes de trabajo, pruebas documentales de la explotación y contabilidad paralela que reflejaba la actividad delictiva. También se incautaron doce vehículos, dos de ellos de alta gama. Además, se bloquearon cuentas bancarias asociadas a la organización.
Atención humanitaria
La operación incluyó medidas de atención humanitaria debido a la extrema vulnerabilidad de las víctimas. En esta tarea han colaborado la Embajada de Nepal, mediadores culturales y asociaciones nepalíes. Cruz Roja Española ha suministrado alimento y ropa de abrigo. Junto con la Junta de Castilla-La Mancha, ha gestionado alternativas habitacionales para los casos más necesitados. La Subdelegación del Gobierno en Albacete participa en el proceso de regularización y apoyo social.
Se han reubicado a muchas de las víctimas en lugares donde contaban con cierto arraigo. Las autoridades siguen tomando declaraciones para determinar la posible existencia de otros delitos. El Juzgado de Instrucción de La Roda, que instruye el caso, ha decretado prisión provisional y sin fianza para seis detenidos. No se descartan más detenciones.
