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miércoles, diciembre 17, 2025

Pérez Llorca entrega a Sánchez un plan con 100 acciones y exige ‘celeridad’ en la reconstrucción tras la DANA

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El president reclama un fondo transitorio por la infrafinanciación, una comisión técnica del agua y que las ayudas no tributen

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha comparecido tras su primera reunión en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha entregado un documento con “100 acciones para avanzar juntos” con reivindicaciones históricas y necesidades surgidas en los últimos tiempos, incluidas propuestas trasladadas por alcaldes, comerciantes y vecinos de municipios afectados.

Pérez Llorca ha descrito el encuentro como “serio” y “amable” pero ha asegurado que no lo considera satisfactorio, al entender que los problemas “van a seguir” si no se traducen en decisiones rápidas.

Comisión mixta DANA

La DANA ha centrado una parte relevante del encuentro. Pérez Llorca ha reclamado la puesta en marcha de una comisión mixta con Gobierno, Generalitat y municipios afectados, además de la Diputación de València, y ha afirmado haber recibido el “compromiso firme” de constituirla. No obstante, ha criticado el retraso y ha subrayado que, tras episodios recientes de lluvia, se ha vuelto a evidenciar la necesidad de acelerar obras pendientes y tramitar actuaciones por urgencia o emergencia para evitar plazos “de años”.

En ese mismo bloque, ha pedido que las ayudas no tributen, ha reclamado medidas para que ayuntamientos y afectados no afronten cargas fiscales añadidas y ha solicitado que el esfuerzo económico de la Generalitat para atender la emergencia no se limite a más deuda. En concreto, ha pedido que el desembolso autonómico de 2.500 millones se convierta en ayuda directa a fondo perdido.

En matera de financiación

En materia de financiación, ha insistido en que la Comunitat Valenciana es “la peor financiada” y ha reclamado un fondo de nivelación transitorio mientras se negocia un nuevo modelo. Según ha explicado, Sánchez le ha trasladado que el Gobierno tiene preparada una propuesta para principios de año, que la Generalitat estudiará cuando se presente.

Condonación de la deuda

Sobre la condonación de la deuda, el president ha mostrado su rechazo al planteamiento actual y ha defendido que la discusión debe partir de la infrafinanciación, recordando que una parte mayoritaria de la deuda autonómica deriva de ese problema estructural. Ha señalado que cualquier decisión se valorará cuando exista una propuesta firme y aprobada.

Agua

En el capítulo del agua, ha trasladado la “necesidad imperiosa” de garantizar el trasvase Tajo-Segura, especialmente para la Vega Baja, y ha pedido la creación de una comisión técnica que fije criterios con informes especializados. También ha advertido de que la apuesta por la desalación requiere completar infraestructuras de canalización para que el recurso llegue a los regantes, y ha alertado del impacto económico y laboral sobre la agricultura del sur.

Vivienda

El president también ha planteado medidas en vivienda, como estudiar una rebaja del IVA en la compra, y ha ofrecido al Gobierno sumarse al plan autonómico de impulso a la oferta para ampliar el número de viviendas promovidas. En infraestructuras, ha abordado el Corredor Mediterráneo, la red de Cercanías, la línea C3 València–Utiel y el soterramiento de vías en el área metropolitana, mostrando discrepancias con el ritmo de ejecución.

Economía

En el apartado económico, ha trasladado preocupaciones de sectores productivos, con especial mención al sector azulejero en Castellón por el impacto del precio del gas y los costes asociados, y ha reclamado medidas que, según ha explicado, permitan sostener la competitividad frente a otros mercados. También ha citado el textil, el juguete, la agricultura y la pesca, con críticas a la reducción prevista de la PAC y al marco de días de faena en el sector pesquero.

Pérez Llorca ha defendido que la comisión mixta debe ser “efectiva” y no convertirse en un entramado burocrático, y ha señalado que, si no hay avances y está en juego la seguridad de las personas, “habría que acudir a otra vía” para exigir la ejecución de obras.