Un total de 632.369 contratos de alquiler finalizarán en 2026 y afectarán a más de 1,6 millones de personas.
Para un hogar con renta mediana, la renovación tendría un aumento estimado de 1.735 euros al año.
El impacto no es homogéneo: en Baleares el sobrecoste medio se dispararía hasta 4.615 euros y en la Comunitat Valenciana alcanzaría 2.686 euros, según cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a partir de la última Encuesta de Condiciones de Vida.
Contratos que expirarían en 2027
Si se añaden los contratos que potencialmente expirarían en 2027, el número total de personas expuestas a revisiones de precio roza los 2,7 millones.
Esto significa que, en los próximos dos años, una parte relevante del parque de alquiler tendrá que renegociar condiciones o asumir subidas que, de mantenerse, encarecerían el coste anual del hogar.
Para el conjunto del país, se estima ese incremento anual de 1.735 euros en un hogar con renta mediana. El 4 de diciembre, el ministro Pablo Bustinduy ya adelantó esa cifra y urgió a priorizar una prórroga de los contratos que vencerán a lo largo de 2026. La intención es amortiguar un salto de precios que, de otra forma, podría trasladarse de manera inmediata a las economías familiares.
Comunidades con mayor impacto
El aumento previsto sería más intenso en Baleares, con 4.615 euros al año, seguida de la Comunitat Valenciana con 2.686 euros. Tras ellas aparecen Canarias con 2.267 euros y Madrid con 2.042 euros.
Por encima de los 1.000 euros también figuran Cantabria con 1.969 euros, Andalucía con 1.952 euros, La Rioja con 1.408 euros, Castilla-La Mancha con 1.131 euros, Asturias con 1.087 euros y Murcia con 1.013 euros.
Este mapa refleja una presión particularmente fuerte en territorios con mayor demanda de vivienda en alquiler y menor disponibilidad de oferta.
En el cálculo de estas subidas se excluye a Cataluña, que cuenta con zonas tensionadas que abarcan al 80 % de su población, así como al País Vasco y a Navarra, cuyas realidades no aparecen en el Panel de Hogares por su régimen foral.
Aun así, si se atiende al volumen de contratos con vencimiento, los más numerosos se concentran en Madrid, con 145.881 alquileres que afectarían a 404.090 personas, seguida de Cataluña con 112.728 contratos y 300.984 personas, Andalucía con 85.491 y 213.728, y la Comunitat Valenciana con 62.523 y 155.057 afectados.
En estos territorios, la renovación masiva obligará a planificar presupuestos y a acelerar negociaciones entre propietarios e inquilinos.
Presión sobre los inquilinos y contexto de precios
Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el precio del alquiler ha aumentado un 34,3 % de media, según datos de Idealista. Arrendar una vivienda de 80 m2 ronda ya los 1.160 euros al mes, unos 300 euros más que hace cinco años. Esta tendencia encarece la entrada a nuevos contratos y agrava la revisión de los existentes, porque el punto de partida es cada vez más alto.
Además, el 36,42 % de los hogares que viven en alquiler destina más del 30 % de sus ingresos a pagarlo y más de 2,5 millones de personas se encuentran en situación de vulnerabilidad financiera. Con estos niveles de esfuerzo, una subida anual como la estimada puede empujar a muchas familias a ajustar otros gastos básicos o a buscar alternativas de vivienda menos céntricas o con menos superficie.
En este contexto, Sumar defiende una renovación automática de los contratos que vencen en los próximos meses limitada a la variación del IPC, y continúa a la espera de una respuesta del PSOE. Una medida de este tipo introduciría previsibilidad y contención en un mercado tensionado, al tiempo que daría margen a los inquilinos para absorber el impacto sin desbordar su presupuesto.
