La defensa de la exconsellera de Justicia Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, ha presentado un recurso de reposición contra la decisión que rechazó su petición de recibir la transcripción literal de su declaración y de su careo con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón.
Según sostiene el recurso, la defensa insiste en reclamar la entrega de esa transcripción con el desglose de preguntas y respuestas tanto de la declaración de Pradas como del careo con Cuenca. Esa solicitud ya fue rechazada en una diligencia de ordenación dictada el pasado 7 de abril por la letrada de la Administración de Justicia.
En esa resolución se indicaba que “no ha lugar a lo solicitado, dado que el acta” de la diligencia de careo, así como el acta de la declaración de la exconsellera como investigada, “la constituyen la grabación de las mismas”.
La representación de Pradas sostiene ahora que la transcripción literal es “el único instrumento de trabajo” del que dispone para analizar la prueba y “la única garantía de defensa real”. Según argumenta, las partes no reciben copia de las grabaciones para preservar la integridad de la instrucción y la privacidad de los declarantes, por lo que considera imprescindible contar con ese formato por escrito.
La defensa añade además que el tribunal de instancia dispone de medios para realizar esas transcripciones. Por ello, califica de “arbitrario y carente de justificación razonable” el rechazo a su petición y acusa al tribunal de mantener una “actitud obstinada” que, a su juicio, supone “un atentado al principio de igualdad de armas”.
La imparcialidad judicial, en el centro del recurso
En su escrito, la defensa considera que continuar la instrucción sin facilitar esa transcripción literal “supone una infracción” de un principio derivado del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. En esa línea, defiende que el juez debe actuar “como un árbitro imparcial”.
El recurso también pone el foco en la imparcialidad judicial y reclama “un trato equitativo” para la defensa de la exconsellera dentro del procedimiento que investiga la gestión de la dana.
