Save the Children ha alertado de que casi 4 de cada 10 menores de la Comunitat Valenciana están en situación de pobreza o riesgo de exclusión, lo que equivale a unos 340.000 niños, niñas y adolescentes. La organización ha enmarcado su advertencia en Les Corts Valencianes para subrayar que la magnitud del problema condiciona el presente y el futuro de una generación.
El responsable autonómico, Rodrigo Hernández, ha comparecido ante la comisión de Política Social y Empleo dentro de la fase de participación ciudadana del proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión. Ha sostenido que la reforma ‘puede ser positiva para hacer los ajustes necesarios y dar respuesta a uno de los colectivos más vulnerables como es la infancia’, pero ha reclamado especial atención al desarrollo y la implementación posterior, al entender que de su ejecución dependerá que las medidas lleguen a quienes más lo necesitan.
Reforma de la Renta Valenciana de Inclusión
Hernández ha defendido que las rentas mínimas son una respuesta a la problemática de la pobreza al garantizar ‘la supervivencia y la vida en condiciones dignas de las familias en peor situación’. Ha pedido, no obstante, que más allá del texto legal se asegure su despliegue real: recursos suficientes, tramitación ágil y coordinación entre administraciones para evitar retrasos que dejen a las familias sin apoyo.
Aunque ha considerado necesario implantar mecanismos de control para prevenir, por ejemplo, el absentismo escolar, ha pedido cautela con las posibles sanciones a las familias para que no acaben perjudicando a los propios menores. Ha advertido de que penalizaciones mal diseñadas pueden recortar ingresos esenciales y agravar la exclusión que se pretende combatir.
La Comunitat Valenciana ha presentado uno de los índices de pobreza más elevados respecto a su entorno, un 38,4 % frente al 24,1 % de la media de la Unión Europea. Esas tasas han aumentado hasta casi el 50 % en hogares numerosos o monomarentales y, pese a tener empleo, un 22 % de las familias valencianas se ha mantenido en situación de pobreza. Tener hijos ha incrementado las probabilidades de caída en la pobreza, lo que ha evidenciado la fragilidad económica de muchos hogares con menores a cargo.
Consecuencias en salud y educación
La entidad ha subrayado que el problema no es solo de renta: la pobreza infantil ha tenido efectos en la salud física y mental y en el aprendizaje. Esto se traduce de forma directa en dificultades para cubrir alimentación adecuada, material escolar y actividades educativas, en mayor estrés familiar y en peores condiciones de vivienda, factores que han repercutido en el bienestar y el rendimiento de los menores.
También se ha puesto de relieve un desajuste entre la necesidad y la cobertura de ayudas: con una tasa de pobreza del 38,4 %, las becas escolares solo han llegado al 19 % de los menores en situación de pobreza. Según Hernández, este desfase ha reforzado la importancia de trabajar en red y de manera transversal para que los apoyos educativos y sociales alcancen a quienes cumplen los requisitos y no queden fuera por barreras administrativas.
Hernández ha cerrado su intervención con un llamamiento a los diputados para que la ley y su aplicación tengan impacto real en la infancia: ‘Está en sus manos tener un impacto positivo en la vida de 340.000 niños y niñas de la Comunitat Valenciana y asegurar el presente de una generación y el futuro de personas que no les han votado porque son menores pero a las que representan y esperan su compromiso’.
