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miércoles, diciembre 3, 2025

Una sentencia obliga a reconocer los trienios a una empleada de un servicio externalizado de radiodiagnóstico

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El fallo da la razón a CCOO al considerar que se trata de un servicio sanitario de naturaleza pública

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV ha ganado una demanda que reconoce que el tiempo trabajado en centros hospitalarios con una conexión relevante con el servicio público sanitario debe computar a efectos de trienios. En este caso, el tribunal determina que los más de 12 años que una profesional ha trabajado en el servicio de radiodiagnóstico del Hospital d’Ontinyent, contratada por la empresa ASCIRES-ERESA, deben ser contabilizados por la Conselleria de Sanidad.

La sentencia establece que la empresa, en régimen de concierto, prestaba servicios específicos de radiodiagnóstico a pacientes de un hospital público y, por tanto, se trata de “un servicio sanitario de naturaleza pública”, siendo irrelevante la forma en que la Conselleria externaliza el servicio.

Desde CCOO recuerdan que el personal de la sanidad pública percibe un complemento retributivo según los trienios acumulados, pero hasta ahora se estaba privando a la trabajadora afectada de ese derecho al no computar todo su tiempo de servicio.

Se trata de la primera sentencia favorable en este sentido para una persona trabajadora de esta empresa. No obstante, CCOO ya ha logrado resoluciones que reconocen el cómputo de tiempo trabajado en fundaciones de investigación sanitaria, en el Hospital Intermutual de Levante y en concesiones administrativas.

El fallo, contra el que cabe recurso, condena en costas a la Administración, al considerar que, tras la doctrina del Tribunal Supremo, no existen dudas de derecho sobre esta cuestión. En consecuencia, dispone que se compute el tiempo trabajado a efectos de trienios y que se abonen las diferencias retributivas e intereses legales correspondientes.

Desde el sindicato reclaman a la Conselleria de Sanidad que reconozca los derechos laborales de su personal sin necesidad de recurrir a la vía judicial, ya que consideran que esta práctica supone un despilfarro de dinero público y causa perjuicios al personal trabajador.


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