La prueba pericial practicada este viernes en el teléfono que manejaba José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, el día de la DANA ha concluido sin que haya sido posible recuperar los mensajes que envió y recibió aquella jornada. Por ello, la instrucción prescinde por ahora de un canal directo de comunicación. Esto podría haber ayudado a reconstruir minuto a minuto las decisiones adoptadas en plena emergencia.
La causa penal abierta por la gestión del episodio del 29 de octubre de 2024, en el que murieron 230 personas, ha mantenido el foco en esclarecer qué órdenes se dieron. También explora cómo se coordinaron los responsables y qué información circuló entre cargos y servicios. Los mensajes de ese día se consideran relevantes porque permitirían contrastar testimonios y documentos. Así se podría comparar con el rastro cronológico de las comunicaciones.
La jueza de Catarroja había citado a Cuenca por cuarta vez para que aportase la tarjeta SIM de su teléfono actual. Así podría insertarla en el terminal que utilizó durante la DANA y comprobar si así era posible acceder y cotejar los mensajes intercambiados aquel día. El objetivo de esta maniobra ha sido vincular de nuevo la línea del testigo con el dispositivo empleado entonces. Esto buscaba intentar restaurar el acceso a los chats.
Para la pericial ha sido necesaria la presencia de un técnico de la Dirección General de Tecnología de la Generalitat. Este técnico ha aportado el terminal que Cuenca usó aquella jornada y que él devolvió reseteado tras dejar el cargo. Es decir, lo entregó con los datos borrados. Además, esta circunstancia ha limitado las opciones de recuperación directa en el propio aparato.
Petición a Meta
Tras el intento fallido, y con la autorización expresa de Cuenca, se tratará de recabar la información a través de Meta Platforms, propietaria de la aplicación de mensajería. Según fuentes personadas en la causa, esta vía busca identificar los mensajes enviados y recibidos en la fecha clave. Así podrán incorporarlos al procedimiento.
Este paso ha sido acordado después de constatar que el acceso local no ha sido posible y supone trasladar la búsqueda a la empresa que gestiona el servicio. Por tanto, la solicitud judicial y la obtención de respuesta pueden condicionar los tiempos de la instrucción. Este proceso ha seguido centrada en delimitar responsabilidades por la gestión de la emergencia.
Mientras tanto, la ausencia de contenido en el dispositivo físico ha reforzado el peso de otras pruebas ya incorporadas o en curso, como declaraciones de testigos, registros administrativos y cronogramas de actuación. Además, la comparación de esas fuentes con los mensajes, si finalmente se obtienen, ha de permitir una lectura más precisa de la secuencia de hechos y de la cadena de mandos.
