Los sindicatos del comité de empresa de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias han pedido este domingo que no se intente convertir a los bomberos forestales en cabezas de turco de la dana de 2024 ni se criminalice a quienes trabajaron en primera línea durante aquel episodio.
Las organizaciones sindicales han mostrado su apoyo a los ocho bomberos forestales que vigilaron el río Magro y el barranco del Poyo el 29 de octubre de 2024 y que han sido citados a declarar como testigos por la jueza que instruye la causa penal abierta tras las inundaciones en las que murieron 230 personas en la provincia de Valencia. Según subrayan, estas declaraciones buscan aclarar qué se observó sobre el terreno, qué órdenes se recibieron y cómo se ejecutaron las tareas asignadas en un contexto de riesgo extremo.
El comité de empresa señala que el personal desplegado cumplió las órdenes recibidas y aportó su profesionalidad en un escenario de emergencia sin precedentes. Recuerda que, en estas situaciones, las actuaciones de los equipos sobre el terreno se enmarcan en directrices y protocolos operativos marcados desde los centros de coordinación, lo que limita su margen de decisión más allá de la seguridad inmediata y la ejecución de las instrucciones.
Llamamiento a la Administración
Los sindicatos reclaman a la Administración competente que proporcione asesoramiento jurídico, apoyo psicológico y reconocimiento público a este personal. Entienden que estas medidas son necesarias para evitar situaciones de indefensión, atender el impacto emocional derivado de la gestión de una catástrofe y poner en valor el esfuerzo realizado durante jornadas prolongadas y bajo una presión constante.
Asimismo, piden a la sociedad que mantenga la confianza en el personal de Bomberos Forestales de la Generalitat y distinga entre quienes asumen riesgos directos para proteger a la población y quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas que pueden minimizar o agravar los efectos de un episodio como la dana. A su juicio, desplazar el foco hacia quienes ejecutan las órdenes desdibuja el análisis sobre la planificación, la coordinación interinstitucional y la cadena de mando, elementos clave para comprender qué funcionó y qué falló.
Los sindicatos insisten en que convertir a los equipos de campo en responsables últimos de la tragedia supondría un error que afectaría a la moral del colectivo y a la confianza ciudadana en el sistema de emergencias. Defienden que su posición no interfiere en la investigación judicial, sino que persigue garantizar que avance con rigor y sin prejuicios, diferenciando claramente entre la ejecución operativa en primera línea y la adopción de decisiones de alcance estratégico.
