La Fundación Franz Weber quiere que el Síndic de Greuges investigue el “modelo educativo” de las escuelas taurinas de Valencia, Alacant y Castelló, apoyadas por administraciones públicas, y por ello ha formulado una queja administrativa para iniciar un expediente al respecto.
En su escrito los naturalistas advierten que personas menores de edad pueden manejar elementos cortopunzantes, como estoques, en actividades privadas y públicas, que se suman a su empleo en tentaderos y las llamadas “clases prácticas”.
Así, los menores pueden resultar lesionados por un uso inadecuado o por circunstancias fortuitas, pero también ser cogidos y sufrir heridas graves con los animales con los que se “practican” estos artilugios afilados.
También recuerda la ONG al Síndic que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dedicó a España un apartado específico sobre tauromaquia en su Informe de Observaciones Finales de 2018:
“Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia.”
A esta recomendación del organismo se suma el reciente ‘Comentario General nº26’ donde se incluye entre las peticiones la prevención de exposición a la violencia inflingida a los animales.
En el caso concreto de la tauromaquia la protección debería abarcar su participación en escuelas taurinas, donde pueden participar creando daño a animales o su implicación como parte espectadora. Tan solo 3 comunidades: Galicia, Cataluña e Islas Baleares establecen algún tipo de restricción de entrada a las plazas de toros.
A día de hoy diferentes administraciones de la Comunitat sostienen económicamente el funcionamiento de sus escuelas taurinas, una función de mecenas prácticamente infinita de una actividad con un número de alumnos irrisorio en comparación a los grupos poblacionales a los que se dirige.
