El Tribunal Supremo celebrará el 6 de febrero una audiencia preliminar para resolver las nulidades y demás cuestiones previas del caso Koldo, paso necesario antes del juicio contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por los contratos de mascarillas.
Tras ese trámite, la fecha del juicio se perfila para después de Semana Santa, una vez ajustado el calendario de las partes.
La Presidencia del tribunal ha mantenido un encuentro informal con las defensas y acusaciones para organizar el señalamiento, después de que el nuevo letrado de Ábalos trasladara que tiene marzo repleto de señalamientos por el caso Púnica. El plan inicial era empezar a finales de febrero o principios de marzo, pero la carga de agenda y la necesidad de celebrar la audiencia previa desplazan la vista unas semanas.
Qué se decidirá en la audiencia
La audiencia, prevista en el artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras una reforma por real decreto el pasado año, permite ventilar todas las cuestiones que pueden condicionar el juicio oral: eventuales conformidades, la competencia del órgano, posibles vulneraciones de derechos fundamentales, artículos de previo pronunciamiento, causas para suspender el juicio, nulidades de actuaciones y la admisión o rechazo de pruebas.
Al término, el tribunal dictará un auto resolviendo esos extremos; si no prosperan las nulidades, fijará la fecha del juicio, que se situaría tras Semana Santa para evitar solapamientos y asegurar la presencia de todas las partes.
«Un común beneficio económico»
Según los indicios recogidos en la causa, Ábalos y García se habrían concertado para obtener ‘un común beneficio económico’ en la contratación pública de empresas captadas por el empresario Víctor de Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y su responsabilidad orgánica en el PSOE.
Ambos están en prisión preventiva desde el 27 de noviembre por apreciarse un riesgo ‘extremo’ de fuga, valorado en función de las elevadas penas solicitadas y de la capacidad de eludir la acción de la justicia si se sintieran cerca de una condena.
Peticiones de pena
Las peticiones de pena reflejan esa presión procesal: la Fiscalía pide 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para su exasesor, mientras que las acusaciones elevan sus solicitudes hasta 30 años. Para Víctor de Aldama se solicitan 7 años, en atención a su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos, lo que ha permitido delimitar el alcance de las adjudicaciones y el papel de cada implicado en la trama.
Este será el primer juicio del caso Koldo
En paralelo, el Supremo mantiene abierta otra pieza por presuntos amaños en adjudicaciones públicas que alcanza también al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, mientras que en la Audiencia Nacional se instruyen varias piezas, entre ellas una investigación sobre pagos en efectivo del partido.
