El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado la apertura de juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.
La decisión, encuadrada en el conocido como caso Koldo, también ha ratificado que Ábalos y García sigan en prisión preventiva, mientras Aldama continúa con medidas cautelares no privativas de libertad.
La apertura de juicio oral marca el paso a la fase de enjuiciamiento: el instructor considera cerrada la investigación y remite el caso al tribunal que valorará en vista pública las acusaciones y defensas. El auto subraya así que hay base suficiente para someter los hechos a juicio, sin prejuzgar el resultado.
Delitos y medidas cautelares
El auto ha enviado a los tres a juicio por integración en organización criminal; cohecho continuado, tanto activo como pasivo; uso y aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias; malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación.
La enumeración fija el marco penal que será analizado durante el juicio, en relación con los contratos de suministro de mascarillas en los que, según la investigación, se habrían pactado comisiones irregulares.
Fianza
Además, el magistrado impone una fianza de 60.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse. Les advierte de que, si no depositan esa cantidad en el plazo de cinco días, se embargarán bienes suficientes hasta cubrir la suma, una garantía habitual para responder ante posibles multas o indemnizaciones.
El instructor acuerda mantener las medidas cautelares vigentes. De este modo, el exministro y su exasesor continúan en prisión preventiva, situación en la que han ingresado el 27 de noviembre, y De Aldama sigue obligado a comparecer cada quince días, con retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el país. Estas medidas se sostienen para asegurar el buen curso del proceso y la disponibilidad de los investigados hasta que se celebre el juicio.
Con esta resolución, la causa entra en su tramo decisivo: las partes deberán defender sus posiciones ante el tribunal, que será el encargado de determinar si los hechos y los indicios expuestos por la acusación sostienen las responsabilidades penales atribuidas en el auto de apertura.
