El Tribunal Supremo ha abierto la ejecución de la sentencia por las mordidas en contratos públicos de mascarillas y ha dado un plazo de 15 días al exministro valenciano de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama para que paguen un total de 647.000 euros en multas, decomisos e indemnizaciones.
Según el auto de la Sala que les ha juzgado, los magistrados han iniciado la ejecutoria y han requerido a los tres condenados el abono de las sanciones económicas impuestas por el delito de cohecho y por las responsabilidades civiles derivadas del mismo, con la advertencia de que, si no pagan en el plazo fijado, se acudirá a la vía de apremio.
En el desglose de las multas, el Supremo ha impuesto a José Luis Ábalos el pago de 52.500 euros. A su exasesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, le ha exigido 45.750 euros. Al empresario Víctor de Aldama, el único de los tres que permanece en libertad, le ha fijado una sanción económica de 75.000 euros.
Los tres condenados deben además abonar de forma conjunta 430.298 euros, cantidad que, según la sentencia, procede del delito de cohecho y refleja el beneficio económico que obtuvieron por las mordidas ligadas a los contratos públicos de suministro de mascarillas.
Indemnizaciones a empresas públicas
Junto a las multas y al decomiso del dinero procedente del cohecho, la Sala ha fijado también indemnizaciones a favor de dos empresas públicas. José Luis Ábalos y Koldo García deberán resarcir de manera conjunta y solidaria a Ineco y Tragsatec por los perjuicios causados por el enchufe de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro y exdiputado por Valencia.
En concreto, el tribunal ha establecido que ambos paguen 34.450 euros a la ingeniería pública Ineco y 9.500 euros a la empresa Tragsatec. Estas cantidades se suman al resto de obligaciones económicas que ya recoge la sentencia firme.
Para todas las sumas indicadas, tanto las multas como el decomiso de los 430.298 euros y las indemnizaciones a Ineco y Tragsatec, los magistrados han fijado un mismo plazo de 15 días. Transcurrido ese tiempo sin que los condenados hayan abonado las cantidades, se activará la vía de apremio para ejecutar los cobros por la fuerza.
Penas de prisión y medidas de control
Además de las obligaciones económicas, el Supremo ha detallado en la ejecutoria la liquidación de las penas de prisión impuestas a José Luis Ábalos y a Koldo García, que actualmente se encuentran en prisión. La Sala ha fijado para el exministro un tiempo máximo de cumplimiento de 15 años y 18 meses de cárcel, mientras que para su exasesor ha establecido un límite de 15 años de prisión.
En el caso de Víctor de Aldama, que ha evitado la entrada en prisión, el tribunal ha concretado las condiciones que debe cumplir para mantener la suspensión de la pena de cuatro años y medio de cárcel que le fue impuesta. Esa suspensión se ha concedido por la colaboración que ha prestado con la justicia.
Entre esas condiciones, los magistrados han ordenado que Aldama comparezca semestralmente ante el tribunal. En cada comparecencia deberá informar de sus actividades laborales, mercantiles o empresariales. El objetivo es comprobar que respeta el ordenamiento jurídico durante el tiempo de suspensión de la pena.
El Supremo también ha dado a Aldama un plazo de 15 días para que ratifique su consentimiento a realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad. El tribunal recuerda que tanto estas comparecencias periódicas como la prestación de servicios comunitarios están directamente vinculadas al mantenimiento de la suspensión de la pena de prisión acordada en su caso.





