El Tribunal Supremo ha designado formalmente la Sala de siete magistrados que juzgará al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al presunto comisionista Víctor de Aldama por la presunta obtención de comisiones ilegales en contratos públicos de suministro de mascarillas durante la pandemia.
Según la providencia dictada este miércoles por la Sala de lo Penal, el tribunal estará compuesto por seis hombres y una mujer y será el encargado de enjuiciar el primer procedimiento del conocido como caso Koldo. La resolución judicial no fija todavía la fecha de inicio del juicio, que queda pendiente de señalamiento.
El tribunal estará integrado por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez-Arrieta, junto a los magistrados Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo Porres, que ya intervinieron en la fase inicial de la causa. A ellos se suman el magistrado y ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández, designados por turno de mayor y menor antigüedad, respectivamente.
Penas solicitadas y próximos pasos
En este procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción solicita para Ábalos una pena de 24 años de prisión, la más elevada, mientras que para Koldo García pide 19 años y medio, y para Aldama siete años de cárcel. Las acusaciones populares, coordinadas por el Partido Popular, elevan la petición hasta los 30 años de prisión para Ábalos y su exasesor.
El tribunal tiene pendiente pronunciarse sobre la admisión de las pruebas solicitadas por las partes y fijar la fecha del juicio, que, según fuentes jurídicas, podría celebrarse entre finales de febrero y principios de marzo, con una duración estimada de dos meses.
Este jueves, otra Sala del Supremo celebrará dos vistas a puerta cerrada para examinar los recursos presentados por las defensas de Ábalos y Koldo García contra su ingreso en prisión, acordado el pasado 27 de noviembre por el juez instructor.
Delitos investigados y contratos bajo sospecha
La Fiscalía acusa a Ábalos y a Koldo García de seis delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos delitos de tráfico de influencias y malversación. A Aldama le atribuye organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada. Este último abandonó la prisión preventiva en otra causa tras comprometerse a colaborar con la Fiscalía en este procedimiento.
Según los indicios recogidos en la causa, los tres se habrían concertado para obtener “un común beneficio económico” mediante la contratación pública de empresas captadas por Aldama, aprovechando la posición de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.
Entre las actuaciones investigadas destaca el presunto negocio ilícito relacionado con contratos públicos de suministro de mascarillas para Adif y Puertos del Estado, organismos dependientes del Ministerio de Transportes, durante los primeros meses de la pandemia, en marzo de 2020.
