El debate entre el taxi y las VTC vuelve a intensificarse en la Comunitat Valenciana. El presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana, Fernando del Molino, ha advertido de que el sector podría reclamar indemnizaciones “millonarias” si la Generalitat Valenciana concede a las VTC derechos sobre el servicio urbano que, según defienden, “nunca han tenido”.
Desde el colectivo recuerdan que el taxi es un servicio público regulado, respaldado por distintas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, cuya función es garantizar un transporte profesional, seguro y con tarifas reguladas que permitan la sostenibilidad del sistema y la protección del usuario.
Por el contrario, sostienen que las VTC operan bajo un modelo empresarial privado, con precios variables en función de la demanda, y denuncian que parte de sus ingresos se desvían fuera del sistema fiscal español. Asimismo, señalan que existen procedimientos judiciales abiertos relacionados con coberturas de seguro y revisiones técnicas de vehículos, según explican desde el sector.
Marco legal y sentencias europeas
Desde el taxi subrayan que las VTC no disponen de una autorización específica vinculada a matrícula que les permita realizar servicios íntegramente urbanos, salvo en el marco de trayectos interurbanos integrados.
En relación con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que eliminó la proporción 1/30 —una licencia VTC por cada 30 taxis—, los taxistas sostienen que dicha resolución se debió a defectos de justificación normativa y no a la imposibilidad de que los Estados limiten este tipo de autorizaciones por razones de interés general.
También recuerdan que, según la normativa vigente, las VTC no pueden recoger pasajeros a mano alzada, estacionar en vía pública en espera de servicio, circular sin un servicio previamente contratado ni utilizar carriles exclusivos de transporte público.
El sector cita además la Directiva Europea 2006/123, que excluye el transporte urbano de la libertad de establecimiento, y recalca que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que los Estados pueden exigir una segunda autorización específica para operar en ámbito urbano.
Advertencia sobre indemnizaciones
Las asociaciones del taxi responden así a las advertencias de indemnización planteadas por parte del sector VTC si se limita su actividad urbana. Según recuerdan, el Tribunal Supremo ya señaló en su sentencia 3409/2023 que las VTC no tienen un derecho adquirido sobre el servicio urbano, sino meras expectativas, que no serían indemnizables.
En cambio, advierten de que si la Generalitat otorgara ahora derechos urbanos adicionales a las VTC, sería el taxi quien podría reclamar compensaciones por alteración del marco regulatorio, según defienden.
