Una de las exempleadas de la empresa de comunicación Laterne -que organizó actos para la campaña electoral del PP de València en 2007- ha admitido este jueves ante un tribunal que le ordenaron cambiar el concepto de varias facturas.
Este jueves se ha celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia la tercera sesión del juicio de la pieza A del caso Imelsa, en la que se investiga una supuesta operativa corrupta para el abono de gastos electorales del PP de València en las elecciones municipales de 2007 y 2011.
La primera en comparecer, una exempleada del departamento de administración de Laterne llamada como testigo por el fiscal -como el resto de los programados para este jueves-, ha asegurado que el que fue también trabajador de Laterne y asesor del exvicealcalde de València Alfonso Grau, Jesús Gordillo, le ordenó cambiar el concepto de algunas facturas.
Esta testigo no ha recordado qué facturas ni qué conceptos concretamente se modificaron, pero ha aclarado que eran facturas de cliente, no de proveedores.
El fiscal le ha mostrado el libro mayor de la empresa Laterne, concretamente unos asientos de 2008 en los que aparecen ingresos por 400.000 euros, unas cantidades que esta testigo ha considerado anormales, por la actividad que tenía la empresa.
En este mismo sentido se ha pronunciado otra de las exempleadas de esta firma de comunicación: “En ninguna empresa es normal que se reciban estas cantidades en efectivo“.
A esta testigo se le han exhibido facturas de Laterne que cifran en más de 2,5 millones de euros la suma de los importes de los actos realizados para el PP en la campaña de 2007, con el desglose de varios actos que superaban los 200.000 euros, como por ejemplo la presentación de candidatos que se celebró en el Palau de la Música y en la que participó el entonces presidente del PP Mariano Rajoy.
“No recuerdo haber hecho ninguna factura por 200.000 euros“, ha insistido esta testigo.
Un tercer testigo, ejecutivo de cuentas de Laterne, ha recordado que “se gastaron más de dos millones de euros en la campaña del PP de 2007“, y aunque no ha aclarado “si esa cifra era el presupuesto de gasto o el total que se cobró al cliente”, ha matizado que, en cualquier caso, la diferencia sería el beneficio industrial, que está entre el 10 y el 15 %, por lo que la cifra sería muy superior a los 150.000 euros declarados por el PP como gastos electorales en toda la provincia de Valencia.
Preguntado por si pudo costar realmente 243.000 euros el referido acto de presentación de candidatos, este testigo ha afirmado que sí, y que el resto de actos facturados tuvieron un importe real y acorde a la actividad habitual de la empresa.
Tras estas comparecencias ha sido el turno de la exconcejala del PSPV Ana Botella, también llamada por la Fiscalía, quien ha reiterado la “opacidad” que a su juicio reinó en las fundaciones y entes municipales cuyo presupuesto dependía de los fondos del Consistorio.
“Yo llevaba veintitrés años como funcionaria de la Generalitat, sabía cómo funcionaba el tema de las subvenciones, los procedimientos legales, y cuando vi cómo se manejaba el dinero y qué poca información había sobre lo que el Ayuntamiento transfería a esas entidades pedimos información, pero nos encontramos obstáculos de todo tipo, incluso burlas“, ha asegurado.
Según Botella, “en cinco años la Fundación Turismo Valencia -cuyo responsable en la época de Barberá, José Salinas, está procesado en esta causa- recibió 36 millones de euros del Ayuntamiento“.
El entonces vicealcalde, Alfonso Grau, “nos decía: ‘ustedes lo que quieren es meter las narices’ o que ‘las cuentas de estas entidades estaban depositadas ‘donde tenían que estar’“, ha agregado la exedil.
Y cuando ha asegurado que, como consejera del consorcio del Palacio de Congresos, no tuvo acceso a las cuentas de este ente, Salinas ha interrumpido asegurando que “eso no es verdad“, una intervención que ha propiciado la reprimenda del presidente del tribunal y por la que se ha disculpado de inmediato.
A continuación, el socio gerente de Trasgos, la empresa de comunicación que realizó la campaña del PP de València en 2011, ha explicado que Grau le pidió un presupuesto para la misma, que inicialmente le ofreció uno que ascendía a 400.000 euros pero que le pareció caro y le presentó un segundo por unos 170.000 que finalmente fue aceptado.
Antes de la campaña y tras la misma giró dos facturas al grupo municipal del PP por 59.000 y 108.678 euros, pero la empresa “ni ganó ni perdió dinero” sino que bajó el presupuesto “al máximo” porque su objetivo “era el prestigio”, ha señalado el testigo.
Preguntado por el motivo por el que los proveedores de esta campaña facturaron a Trasgos por un importe superior al que cobró al PP, este testigo ha respondido que es probable que esos proveedores incluyesen gastos derivados de otras campañas promocionales que Trasgos realizaba para el Consistorio.
