La Fiscalía ha abierto una investigación a José María Ángel, alto comisionado del Gobierno para la DANA, tras un informe de la Agencia Antifraude Valenciana. Según el documento, Ángel habría usado un diploma inexistente de Archivística y Biblioteconomía para lograr un puesto en la Diputación de Valencia con categoría y sueldo superiores.
El informe, indica que el exalcalde de L’Eliana y exdirector de Emergencias presentó un título falso expedido supuestamente por la Universitat de València. La denuncia sostiene que este documento le permitió acceder a un puesto del subgrupo B (hoy A2).
La investigación comenzó en abril de 2025 cuando funcionarios de Antifraude acudieron a la Diputación y obtuvieron copia del diploma. La verificación en la base de datos universitaria concluyó que José María Ángel no cuenta con ningún título registrado.
Además, la Facultad de Geografía e Historia confirmó que el comisionado solo cursó el primer año en 1976-1977. Después solicitó trasladar su expediente a la Complutense, pero nunca lo hizo ni aprobó las asignaturas, lo que invalida cualquier posibilidad de titulación.
Posible delito y responsabilidad de la Diputación
Según Antifraude, el título de José María Ángel sería una falsificación «de manual». El documento habría servido para obtener beneficios económicos indebidos durante años. La Agencia también reprocha a la Diputación no haber comprobado la autenticidad del título, señalando una actuación negligente por parte de sus funcionarios.
Esta situación se suma a las dudas que desde hace tiempo rodeaban el currículum del alto cargo, quien ha modificado su biografía pública varias veces, eliminando y añadiendo el título según los periodos. Incluso llegó a declararlo en la web del Ayuntamiento de L’Eliana cuando era alcalde.
Cuando dirigía Emergencias en la Generalitat Valenciana, Ángel optó por omitir cualquier referencia académica. En su blog personal cambió la versión anterior y pasó a señalar únicamente que cursó estudios sin mencionar titulación.
Si se confirma la falsificación, el caso no sería solo un currículum inflado, sino un posible delito por uso de documentación falsa para acceder a empleo público y percibir un salario mayor.
El caso estalla nueve meses después de la DANA, en plena tensión política
La investigación sobre José María Ángel estalla en un momento especialmente sensible. La noticia se conoce cuando se cumplen nueve meses de la DANA del 29 de octubre, una tragedia con 228 fallecidos que marcó a la Comunidad Valenciana. Desde entonces, la gestión de la catástrofe ha provocado un clima de enfrentamiento político y social.
Colectivos ciudadanos han convocado el 29 de julio la novena manifestación para exigir la dimisión de Carlos Mazón. Por primera vez, la marcha se celebrará fuera de València capital y recorrerá Catarroja, uno de los municipios más afectados. Las ocho protestas anteriores reunieron a miles de personas en la ciudad, responsabilizándole en exclusiva de la tragedia y de los retrasos en las ayudas.
En estas concentraciones, el malestar se ha alimentado de los informes de la Guardia Civil que apuntan a graves fallos de organismos estatales. Los documentos señalan a la Confederación Hidrográfica del Júcar por avisar con más de dos horas de retraso del desbordamiento del barranco del Poyo y cuestionan la actuación de Aemet, cuyo jefe en la Comunidad Valenciana apenas participó en las reuniones de emergencia y no actualizó los boletines durante horas.
Acumulación de polémicas que salpican al Gobierno central
La publicación de estos datos ha debilitado el relato inicial que trataba de responsabilizar únicamente a Mazón. Los errores detectados afectan a estructuras estatales clave, como la Aemet y la CHJ, que dependen directamente del Gobierno central. Pese a ello, la oposición denuncia que desde el inicio se ha intentado convertir al presidente de la Generalitat en el único culpable de la tragedia.
En este contexto, la investigación contra José María Ángel —nombrado por Pedro Sánchez para coordinar la recuperación— agrava la crisis. La presunta falsificación de su título se suma a un clima de indignación ciudadana y abre un nuevo frente para el Ejecutivo, acusado de negligencia en los nombramientos y en la gestión posterior a la catástrofe.
