Tres exmiembros del anterior Consejo Rector de À Punt, entre ellos el expresidente Miquel Francés, han presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para impugnar su cese. También reclaman que se declare la nulidad de los acuerdos adoptados después de su salida del órgano.
El recurso lo firman Francés y los vocales Lola Bañón y Javier Marzal, que tomaron posesión el 13 de abril de 2023 por un periodo de seis años. Según exponen, su cese habría vulnerado la normativa europea. Ellos consideran que “la legislación europea no admite el acortamiento mecánico de los mandatos de las responsabilidades en los medios de comunicación público”. Además, citan el Reglamento (UE) 2024/1083 “con el fin de preservar la independencia efectiva de los prestadores del servicio público”.
Hace casi un año, tras la aplicación de la Ley 2/2024 de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana Sociedad Anónima (CACVSA), tomó posesión un nuevo Consejo de Administración.
Independencia y funcionamiento interno
En su escrito, los exmiembros del Consejo Rector también alertan de cambios internos en la radiotelevisión pública valenciana. Ellos señalan que “À Punt ha visto como se cerraba el Consejo de Informativos, órgano fundamental para la expresión de la redacción de la cadena. Además, mencionan el desmantelamiento progresivo del servicio de documentación. Así mismo, se ha constatado el paulatino descenso de los contenidos en valenciano, quebrando de esta manera una de sus funciones esenciales, como es la defensa de la lengua”, denuncian.
Además, subrayan que “todo ello ha ocurrido en el tránsito entre la creación efectiva de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana S.A. y la supresión de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación. Como consecuencia, se produce la absorción de la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació”, recuerdan.
Reclaman mantener el mandato y anular acuerdos posteriores
Los demandantes sostienen que no concurrió una causa de cese o destitución. Además, “ante la deriva de la situación en el ente público”, defienden que “el mandato de los consejeros de las instituciones públicas debe continuar hasta el final de su nombramiento oficial”.
En esa misma línea, al no haber participado en las últimas votaciones, consideran que “las decisiones del Consejo de Administración de la radio y televisión autonómicas deben quedar sin efecto”.
Los exconsejeros añaden que la argumentación remitida a la Presidencia de la Generalitat y al TSJCV se apoya en la defensa de la profesionalidad y la pluralidad de los medios públicos valencianos. También recuerdan que fueron “sometidos en su día a un exigente proceso de selección”.
