El magistrado Leopoldo Puente ha ordenado prisión provisional sin fianza para Ábalos y Koldo García. Esto ocurrió tras la vista de revisión de sus medidas cautelares en el caso de los contratos públicos de mascarillas adjudicados por su departamento durante la pandemia.
La decisión responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares. Estiman que ambos enfrentan penas muy elevadas —hasta 24 años para Ábalos y 19,5 para Koldo—, lo que incrementa el riesgo de fuga.
Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio ha de ingresar en prisión desde su procesamiento en este tipo de causas.
Delitos imputados y contexto del proceso
Ábalos y su exasesor están procesados —junto con un empresario implicado— por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.
La acusación sostiene que concertaron una adjudicación irregular de contratos de material sanitario para entidades dependientes del Ministerio de Transportes en marzo de 2020.
La causa forma parte del conocido como “caso mascarillas”, cuyo auto de procesamiento se dictó a comienzos de noviembre. Esto fue tras la investigación de la unidad anticorrupción.
Qué implica la prisión preventiva
La decisión de enviar a prisión a Ábalos y Koldo se basa en el criterio de riesgo de fuga. Se considera que las condenas previstas son muy relevantes. Hasta ahora, estaban sujetos a medidas cautelares como la retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado.
Con su ingreso en prisión, la Cámara baja suspenderá temporalmente las funciones parlamentarias de Ábalos. No obstante, no implica la pérdida automática del acta de diputado, tal como establece el reglamento del Congreso.
Próximos pasos judiciales
El auto mantiene el proceso hasta la apertura del juicio oral. Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, han solicitado penas de hasta 30 años de cárcel para ambos, además de multas millonarias.
La causa no sólo afecta a los acusados principales. El empresario señalado como comisionista, que reconoció parte de los hechos, sigue siendo investigado. Su declaración está prevista en la Audiencia Nacional.
