El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha dado la razón a Compromís en tres recursos que obligan al Consell a entregar información sobre la gestión de la DANA y, en concreto, sobre la presencia del president Carlos Mazón en el Cecopi el 29 de octubre. Las reclamaciones, impulsadas por la diputada Isaura Navarro con el apoyo jurídico de Mónica Oltra, corrigen las negativas del Ejecutivo autonómico a responder a preguntas parlamentarias.
Tres resoluciones y un mismo criterio
La Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo ha estimado tres recursos de Compromís. En el primero, ordena identificar al cargo que certificó la llegada de Mazón al Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) el 29-O. En el segundo, exige facilitar la información sobre las convocatorias cursadas al gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), Raúl Quílez, para asistir a ese órgano. Y en el tercero, obliga a entregar una copia de toda la documentación firmada el 25 de febrero por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, relativa a la llegada del president al Cecopi.
La Generalitat se había escudado en la Ley 1/2022 de Transparencia y Buen Gobierno para no remitir esa información. Sin embargo, el alto tribunal entiende que esa normativa no limita las solicitudes de información realizadas al amparo del artículo 12 del reglamento de Les Corts, que regula el derecho de los diputados a obtener datos del Ejecutivo. Además, considera que las respuestas ofrecidas por el Consell carecían de motivación suficiente, por lo que declaró contraria a derecho la negativa a informar.
El alcance de las resoluciones va más allá de los tres requerimientos concretos: refuerzan el control parlamentario y fijan que el Gobierno autonómico debe colaborar de forma efectiva cuando se le requiere información sobre decisiones y actuaciones en situaciones de emergencia. En la práctica, el Consell está obligado a identificar responsables, detallar comunicaciones y aportar la trazabilidad documental de lo ocurrido en torno al 29-O, lo que permitirá esclarecer la cadena de mando y la cronología de decisiones durante la DANA.
Las sentencias, además, marcan una pauta para futuras solicitudes de información de los grupos parlamentarios: la Ley de Transparencia no puede utilizarse como barrera frente al derecho de acceso reforzado que asiste a los diputados. La estrategia jurídica de Compromís, en la que ha participado Mónica Oltra como letrada, ha sido determinante para abrir esa vía y lograr que el Consell de Mazón tenga que responder en fondo y forma a las peticiones registradas.
